Organizaciones
de derechos humanos que acogen a migrantes a su paso por México
denuncian la impunidad de las mafias en el secuestro de personas que
tratan de llegar a EE.UU.
El 6 de noviembre se presentó en la Universidad Autónoma Nuevo
León, México, el Cuaderno sobre secuestro de migrantes, un
informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez, Asociación Civil y la Casa del Migrante de Saltillo.
El documento recoge la situación de vulnerabilidad de los
migrantes a su paso por México en su tránsito hacia EE.UU. En la
actualidad, el secuestro a migrantes es un delito sistemático y
generalizado "porque es una de las actividades más rentables para el
crimen organizado en México", dice el documento. El Cuaderno
sobre secuestro de migrantes ha recogido testimonios directos de
personas que han pasado por Ciudad Juárez y Saltillo, capital del
estado de Coahuila. Junto con los dos informes especiales sobre
secuestro emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), se concluye que cada seis meses son víctimas de este delito
alrededor de diez mil personas migrantes, cifra que ha aumentado,
tanto en número como en el grado de violencia. Los testimonios
recogidos por la Casa del Migrante de Saltillo afirman que no hay
distinción entre sexo o edad: "Lo mismo se llevan a mujeres que
hombres, ancianos, adolescentes, niños y niñas".
Desde el 2008, varias casas del migrante comenzaron a registrar
los testimonios de estas personas sobrevivientes de secuestros. En
el documento que ahora se da a conocer en México, las asociaciones
civiles aseguran que la denuncia de las organizaciones que trabajan
con personas migrantes fue inmediata y se realizó ante todas las
esferas gubernamentales posibles. Se buscó el diálogo directo con
autoridades municipales, estatales y federales y se denunció la
perpetración de secuestros ante los tribunales estatales y la
Procuraduría General de la República. El mismo informe recalca que,
a pesar de las cifras, datos y testimonios que se expusieron durante
más de dos años en foros gubernamentales, académicos y civiles en
todo el país, el delito de secuestro a migrantes continuó creciendo.
En marzo del 2010, la Casa del Migrante de Saltillo y el Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., acudieron ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una
audiencia sobre el tema. A pesar de la interpelación de este
organismo, el Gobierno mexicano no manifestó ninguna respuesta a las
preguntas formuladas por los relatores de la CIDH. Más tarde, el
Estado entregó un informe a esa comisión en el que negaba lo
declarado en reiteradas ocasiones por la sociedad civil.