BP pagará 4,500 millones de dólares como parte de un arreglo con el gobierno estadounidense, a raíz del colosal derrame petrolero de 2010, y se declarará culpable de cargos graves relacionados con la muerte de 11 trabajadores y con las mentiras que reportó al Congreso.

En tanto, dos personas que laboraban para la gigante petrolera durante el desastre fueron acusadas de homicidio imprudencial, y otro trabajador enfrenta cargos por mentir a las autoridades. La propia BP PLC dio a conocer el jueves la estratosférica cifra económica, que incluye casi 1,300 millones de dólares en multas penales, la mayor sanción de su tipo en la historia, además de pagos a varias entidades gubernamentales.

El presidente Barack Obama consideró en su momento que el derrame fue "el peor desastre ambiental que ha enfrentado Estados Unidos". "Creemos que esta resolución es lo mejor para los intereses de BP y de sus accionistas", afirmó Carl Henric Svanberg, presidente de la junta directiva de BP. "Esto elimina dos riesgos legales significativos y nos permite defender vigorosamente a la empresa frente a las querellas civiles restantes".

El acuerdo incluye pagos de casi 2,400 millones de dólares a la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre, 350 millones a la Academia Nacional de Ciencias y unos 500 millones a la Comisión de Valores.

Una acusación federal revelada en Nueva Orleáns afirma que los jefes de operación en el pozo petrolero, Robert Kaluza y Donald Vidrine, incurrieron en negligencia durante la supervisión de las pruebas de seguridad realizadas en la plataforma Deepwater Horizon antes de la explosión ocurrida en abril de 2011.

La acusación señala que Kaluza y Vidrine no llamaron por teléfono a los ingenieros en la costa para alertarlos de los problemas en las operaciones de perforación. Los abogados defensores acusaron al Departamento de Justicia de usar a sus clientes como chivos expiatorios.

"Bob (Kaluza) no era un ejecutivo de alto nivel de BP. Era un trabajador dedicado que llora todos los días por la pérdida de sus colegas", dijeron los abogados Shaun Clarke y David Gerger, en un comunicado. "Nadie puede alegrarse por la acusación de un hombre inocente. Esto no es justicia".

Bob Habans, abogado de Vidrine, dijo que los fiscales mostraron un "pésimo criterio" al acusar a su cliente, de 65 años.

Fue acusado también David Rainey, vicepresidente de exploración de BP para el Golfo de México, por cargos de obstruir las labores del Congreso y hacer declaraciones falsas. Según el pliego de cargos, el ex ejecutivo ocultó al Congreso información de que el petróleo fluía del pozo abierto de BP en cantidades mucho mayores a las que mostraron sus propios cálculos.

La petrolera con sede en Londres informó en un comunicado que en el acuerdo no están incluidos los reclamos civiles bajo los términos de la Ley de Aguas Limpias y otras disposiciones. Tampoco se han resuelto las querellas civiles de carácter privado ni las denuncias estatales por pérdidas económicas.

Entre los cargos de los que BP se declarará culpable figuran 11 de índole grave, por conducta indebida o negligente de parte de los jefes de tripulación; uno grave por obstrucción de las labores del Congreso, e infracciones leves al Tratado de Aves Migratorias y la Ley de Aguas Limpias.

El cargo de obstrucción señala que la compañía mintió al Congreso estadounidense sobre la cantidad de crudo vertido por la ruptura del pozo. "Esto representa la mayor multa individual por cargos penales y la resolución penal más cuantiosa en la historia de Estados Unidos", dijo el secretario de Justicia Eric Holder, durante una conferencia de prensa en Nueva Orleáns.

Holder advirtió que el arreglo y las acusaciones no marcan el final de los esfuerzos de las autoridades federales. Recordó que continúa la investigación penal.

De acuerdo con el funcionario, buena parte del dinero que BP pagará se destinará a la reparación de los daños ambientales en la costa. La plataforma petrolera Deepwater Horizon, ubicada a 80 kilómetros (50 millas) de la costa de Luisiana, se hundió después de la explosión ocurrida el 20 de abril de 2010.

El pozo en el lecho marino vertió un estimado de 780 millones de litros (206 millones de galones) de petróleo crudo, que contaminaron delicados estuarios y playas, derivaron en la muerte de flora y fauna, y obligaron al cierre de vastas áreas del Golfo de México a la pesca comercial.

El derrame expuso la laxa supervisión gubernamental y ocasionó una prohibición temporal a la perforación en aguas profundas, mientras la industria petrolera estudiaba los riesgos, buscaba hacerla más segura y desarrollaba mejores planes en caso de desastre.

La imagen que BP había buscado ganarse, como una empresa amigable con el medio ambiente, quedó dañada, y los propietarios independientes de gasolineras de la marca BP dijeron que perdieron clientes que estaban molestos por el derrame. El director ejecutivo de la empresa Tony Hayward renunció después de las diversas metidas de pata de la empresa, incluida una declaración del ejecutivo, en lo álgido de la crisis, cuando dijo, "me gustaría recuperar mi vida".