El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, anunció este
miércoles dos iniciativas con las que subrayó su prioridad de luchar
contra la corrupción y el crimen organizado, y que incluyen pasar el
control de la Policía Federal a la secretaría de Gobernación
(Interior).
Ante la bancada de legisladores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), al que pertenece, Peones contra el crimen que
realiza la secretaría de Gobernación, señaló.
La reforma administrativa reduciría el número de secretarías
(ministerios) de 18 a 16 y pasaría bajo la competencia del despacho
de Gobernación la conducción de las políticas de seguridad interior,
prevención del delito, sistema penitenciario y las funciones de la
Policía Federal, explicó.
Buscamos un "nuevo esquema de organización que permita mejorar la
seguridad interna, tema sensible hoy entre la sociedad y con ello
recuperar la paz y la tranquilidad".
México enfrenta una ola de violencia que según organizaciones no
gubernamentales ha dejado más de 60.000 muertos desde diciembre de
2006, cuando a pocos días de asumir el actual presidente Felipe
Calderón lanzó una ofensiva militarizada contra los cárteles de la
droga.
Peña Nieto, un abogado de 46 años con quien el PRI (que gobernó
entre 1929 y 2000 retornará a la presidencia, ha señalado que
mantendrá la estrategia contra los cárteles, pero dará prioridad a
la reducción de los homicidios, secuestros y extorsiones que afectan
al ciudadano común.
También ha anunciado que creará una gendarmería nacional que
asumirá paulatinamente las operaciones contra el narcotráfico que el
actual gobierno ha encomendado a la Policía Federal, el Ejército y
la Marina Armada.
Calderón creó en 2009 la policía federal y la colocó bajo la
tutela de la Secretaría de Seguridad, que había sido creada por su
antecesor y copartidario Vicente Fox.
Aunque su gobierno multiplicó por seis el pie de fuerza y mejoró
el presupuesto de los federales, como contrapeso a las sospechas de
corrupción que pesaban sobre las tradicionales policías municipales
y estatales, no logró apartar a la nueva institución de las
sospechas.
Policías federales se han visto envueltos en incidentes
presuntamente ligados al crimen, como el ataque en agosto contra un
auto diplomático en que viajaban dos agentes estadounidenses y un
militar mexicano en una carretera cercana a Ciudad de México.
Dos meses antes, tres policías federales se enfrentaron a balazos
en el aeropuerto de Ciudad de México y dieron muerte a dos colegas
que intentaban detenerlos presuntamente por pertenecer a una red del
narcotráfico.
En 2010, unos 3.200 agentes, un 10% de los efectivos de la
Policía Federal, fueron apartados de sus cargos por no pasar pruebas
de confianza o verse envueltos en casos de corrupción.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional
han señalado que la ofensiva contra el narcotráfico ha estado
acompañada de un aumento de denuncias que involucran a la fuerza
pública con asesinatos y desapariciones.