La justicia española emitió hoy órdenes de detención internacional contra siete exjefes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena, por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un diplomático de este país en 1976.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) de España Pablo Ruz dispuso este martes la búsqueda, detención e ingreso en prisión de esos represores de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), implicados en la muerte del diplomático español Carmelo Soria.

En su auto, el magistrado acusa de genocidio, entre otros cargos, al exdirector delegado de la DINA, Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda, y al entonces jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres.

Además, Ruz procesó a Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbe, Patricio Quilhot Palma, José Remigio Ríos Sanmartín y Michael Vernon Townley, librándose las oportunas órdenes internacionales de detención para su ulterior extradición a España.

Townley, estadounidense vinculado también con la temida policía secreta del régimen militar de Pinochet, pasó cinco años en prisión por su complicidad en el crimen del exembajador chileno Orlando Letelier y su asistente, perpetrado en Washington en 1976.

A los siete procesados se les imputan los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, de acuerdo con el sumario del juez de la AN, difundido por diversos medios periodísticos nacionales.

El magistrado entiende que puede existir un delito de genocidio, porque el asesinato de Soria fue perpetrado dentro del proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar emprendido por Pinochet.

De esta forma atendió al pedido realizado en mayo último por el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, quien estimó que la jurisdicción española es la competente para investigar estas violaciones porque su persecución en Chile no ha sido efectiva.

Ruz coincide en subrayar que no ha existido una investigación y persecución realmente efectiva de los hechos, y explica que el proceso fue cerrado en aquel país por una amnistía que no respondía al consenso total de las fuerzas políticas en un período constituyente.

Una amnistía que, remarca, supone un obstáculo que hace imposible la persecución eficaz del delito en el lugar de los hechos.

Según el juez, Contreras Sepúlveda, como jefe de la DINA, entidad que sólo obedecía y respondía ante la Junta Militar de Gobierno y, más tarde, exclusivamente ante el fallecido Pinochet, fue quien ordenó a Salinas Torres el secuestro y asesinato de Soria.

El diplomático, que trabajaba para Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina, fue raptado el 14 de julio de 1976, cuando se dirigía a su residencia en Santiago de Chile.