DALIA GONZÁLEZ DELGADO y SERGIO A. GÓMEZ GALLO

Las medidas tomadas para actualizar la política migratoria cubana responden al actual momento histórico de la Revolución y tienen en cuenta las transformaciones económicas y sociales que vive el país, aseguró el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, durante un programa especial informativo transmitido este miércoles por la televisión cubana.

Acosta precisó que hay que entender también las regulaciones que en su momento dispuso la Revolución en su legítima defensa. "Hoy cambiamos porque también la Patria está cambiando", sentenció.

"Las medidas aprobadas se han adoptado por decisión soberana del Estado cubano, no responden a presiones ni imposiciones de nadie. Cuba no busca con ellas un certificado de buena conducta", afirmó.

Acosta refirió que algunos medios de comunicación han tratado de manipular el tema, y no reconocen que el movimiento de cubanos hacia el exterior no comenzará el próximo 14 de enero, cuando entre en vigor la nueva Ley migratoria.

Según datos oficiales, entre el año 2000 y el 31 de agosto del 2012, de los cubanos que solicitaron el permiso de salida lo recibieron el 99,4 %. Solo el 0,6 % fue denegado por razones fundadas. En ese mismo periodo, viajaron al exterior por asuntos particulares 941 mil 953 personas, de las cuales no regresaron 120 mil 275, el 12,8 %. Del total de viajeros, 156 mil 68 eran graduados universitarios, y de ellos no regresó el 10,9 %. Estas cifras confirman —dijo— que la gran mayoría de los cubanos que viajan al exterior regresan al país.

A pesar de eso, el gobierno de Estados Unidos persiste en su política de subversión contra Cuba, "financia la contrarrevolución interna y externa y mantiene vigente la Ley de ajuste cubano de 1966, que facilita de forma expedita la residencia de los cubanos que lleguen por cualquier vía a suelo norteamericano. Además, aplica la política de pies secos, pies mojados, con lo cual alienta una emigración ilegal e insegura que ha provocado numerosas pérdidas de vidas humanas", apuntó Acosta.

Asimismo —agregó— Washington mantiene un programa para sustraer nuestros médicos, en particular los que colaboran en otros países.

Todo lo cual "obliga a establecer determinadas regulaciones que limiten las consecuencias negativas que tiene dicha política para el país, en particular las que contribuyen a la salvaguarda del capital humano formado como resultado de la obra revolucionaria".

En respuesta a una pregunta de los periodistas sobre las regulaciones para los viajes de los profesionales, la ministra de Justicia, María Esther Reus, explicó que esos mecanismos solo se aplicarán para aquellas personas que realizan "actividades vitales", quienes estarán identificadas por los jefes de los organismos y las instituciones.

Esto no quiere decir que no puedan viajar por asuntos particulares, precisó. Solo si deciden emigrar se les impone un límite de tiempo prudencial para la capacitación de un reemplazo para el cargo. En el caso de los universitarios ese límite puede extenderse hasta cinco años, y en el caso de los técnicos hasta tres años.

Según dijo Reus, son los jefes de las entidades los encargados de autorizar la salida de esos ciudadanos al exterior. La Ministra aseveró que se está trabajando en un mecanismo, por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que los propios sujetos de estas regulaciones conozcan cuáles son sus derechos y sus deberes.

Homero Acosta aclaró que con la normativa vigente, además del permiso de salida y la carta de invitación, todos los profesionales tenían que pedir permiso en su centro de trabajo. A partir del 14 de enero, solo un "universo limitado de personas" tendrán que solicitar la autorización.

Recalcó que no es que los profesionales sujetos a regulaciones no puedan viajar, sino que deberán seguir un mecanismo diferenciado.

Estas medidas, propias de Cuba, responden a la legítima defensa del Estado revolucionario frente a la actitud subversiva de Estados Unidos, reiteró.

El secretario del Consejo de Estado anunció también algunas medidas adicionales que no aparecen en el Decreto-ley.

Así, se normaliza la entrada temporal en el país de quienes emigraron ilegalmente después de los acuerdos migratorios de 1994, si han transcurrido más de ocho años desde su salida. En igual situación estarán los profesionales de la salud y deportistas de alto rendimiento que abandonaron el país luego de 1990, si han pasado más de ocho años de ese hecho. Se exceptúan quienes salieron a través de la Base Naval de Guantánamo por razones de defensa y seguridad nacional.

Igualmente, se amplían las causas de repatriación, por ejemplo, para los que salieron del país con menos de 16 años, y también por otras razones humanitarias. Asimismo, se regularizan las visitas de los que emigraron ilegalmente con menos de 16 años, en cuyo caso no tienen que esperar los ocho años.

El secretario del Consejo de Estado explicó que en los últimos años muchas personas que tienen la condición de emigrados han solicitado su repatriación y han sido acogidos. En la resolución del Ministro del Interior se fijan los procedimientos que deben seguir.

Uno de los objetivos esenciales de la actualización de la Ley migratoria —aseveró Homero— es favorecer las relaciones con la emigración cubana, que con el paso del tiempo ha cambiado de forma considerable de una eminentemente política, en los primeros años de la Revolución, a otra motivada por razones económicas.

En el año 2011 —anotó— viajaron a Cuba más de 400 mil cubanos residentes en el exterior, de los cuales cerca de 300 mil residían en Estados Unidos. "Esos mismos que en ese país llaman refugiados y que en realidad son ciudadanos que residen en ese país por una u otra razón, la mayoría de los cuales mantienen una posición favorable en sentido general con su país y con la Revolución, y se oponen de manera mayoritaria a las medidas de hostilidad que mantienen los Estados Unidos contra Cuba", refirió.

Johana Tablada de la Torre, subdirectora de América del Norte de la Cancillería cubana, se refirió a la reacción del gobierno de Estados Unidos ante las medidas tomadas por el Estado cubano respecto al tema migratorio.

William Ostick, portavoz para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, se apresuró a aclarar que para viajar a Estados Unidos los cubanos seguirían necesitando visa.

Esa declaración —aclara Tablada— obvia que el Decreto-ley favorece la emigración legal, abarata los costos, y fortalece la opción del movimiento legal de los cubanos.

Mientras, Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado, afirmó el mismo día que Cuba publicó la Ley, que no habría cambios en "la letra" de las legislaciones norteamericanas, en referencia a la Ley de Ajuste cubano.

Según Johana Tablada, esa actitud del gobierno de Washington es coherente con la política que han mantenido con respecto al tema migratorio desde el triunfo de la Revolución.

ACLARACIONES DE INTERÉS GENERAL

El coronel Lamberto Fraga Hernández, segundo jefe del Departamento de Inmigración y Extranjería del MININT, expuso que a partir del 14 de enero, además de las actuales oficinas de inmigración y extranjería, se habilitarán las oficinas del carnet de identidad para hacer los trámites del pasaporte. Solo deben presentarse con el carnet, y en el caso de los menores de edad, con la carta de consentimiento de los padres.

Fraga recordó que además del pasaporte, para viajar se necesita también la visa del país a donde se irá.

Respecto a la salida de los varones en edad de Servicio Militar, aclaró que estos están sujetos a la Ley de Defensa Nacional y tienen que cumplir con las regulaciones que esta establece.

Por su parte, la ministra de Justicia aclaró que quienes hayan obtenido su pasaporte antes de la entrada en vigor de la norma, pueden actualizarlo después del 14 de enero y no necesitan sacar uno nuevo.

Reus explicó también que el decreto-ley deroga la ley 989 sobre la nacionalización por confiscación de los bienes de las personas que se ausenten definitivamente del país. A partir de ahora esto estará regulado en las leyes específicas; por ejemplo, las de la vivienda en la ley general de la vivienda, y las personas antes de emigrar pueden disponer de sus bienes.

La funcionaria explicó que luego de concluir los 24 meses que se establecen para que un cubano esté en el exterior, se puede pedir una extensión de ese plazo por motivos fundamentados. Así, se considera emigrado a aquella persona que esté más de 24 meses sin autorización.

Para la residencia legal en el exterior se amplían los motivos, que pueden ser por causas humanitarias y familiares, así como por unión matrimonial no solo formalizada, según afirmó Reus.