CLAUDIA FONSECA SOSA

Bashira tenía 14 años cuando fue violada por un grupo de hombres desconocidos. "Ese fue el día final de mi vida", relató a los medios de prensa que conocieron el hecho cuando su padre decidió denunciar el crimen que involucraba al hijo de un funcionario del gobierno afgano, quien intervino de inmediato para que su vástago no fuera arrestado.

El entorno hostil que rodea a la mujer afgana clasifica en la nomenclatura de subsistencia humana femenina en condiciones de tragedia extrema, violencia política y destrucción, según la ONU.

El valiente padre recibió golpes y amenazas de muerte para que retirara los cargos, y por haber divulgado el hecho —que llevó a su pequeña a prenderse fuego en un intento de suicidio— contrario a lo que hacen la mayor parte de las familias musulmanas por vergüenza o temor a represalias.

Historias similares ocurren con una alarmante frecuencia en Afganistán, donde el entorno hostil que rodea a la mujer clasifica en la nomenclatura de subsistencia humana femenina en condiciones de tragedia extrema, violencia política y destrucción, de acuerdo con estudios de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.

En esta nación centroasiática solo el 5 % del mal llamado sexo débil sabe leer o escribir, mientras son recurrentes las noticias sobre ataques con ácido contra estudiantes y maestras en las pocas escuelas que aún funcionan tras una década de guerra.

Cifras de UNICEF indican que unas 15 mil mujeres afganas mueren cada año por causas relacionadas con el embarazo, debido a las pésimas condiciones de vida, la precaria alimentación y la escasez de personal médico en el país, donde solo el 23 % de la población tiene acceso al agua potable y el 12 % a saneamiento adecuado, lo cual atenta también contra la salud de las féminas.

"En Afganistán convertirse en una mujer adulta equivale muchas veces a sufrir una niñez plagada de abuso sexual y de desamparo social", publicó recientemente el periódico Khaama Press en un artículo que criticaba la violencia por segregación de género, situación que —según describe— se ha agravado "por la presencia de los señores de la guerra y las tropas extranjeras".

Tal como ha denunciado la Asociación de Mujeres Revolucionarias Afganas (RAWA), desde el 2001 a la fecha esta República islámica se ha convertido en un paraíso terrenal para la corrupción y el narcotráfico, al tiempo que han aumentado los niveles de pobreza, analfabetismo, desnutrición y mortalidad infantil. La violencia es el pan de cada día y el descontento social, debido a la inestabilidad política y a la no representatividad del gobierno, es cada vez mayor. Un contexto de caos que se torna en extremo peligroso para las mujeres.

Cuando EE.UU. y sus aliados iniciaron la supuesta guerra antiterrorista, prometieron entre otras cosas que la situación de la mujer mejoraría considerablemente. Sin embargo, los cambios en ese sentido no han sido sustanciales.

"El 60 % de las niñas menores de 15 años son obligadas a casarse forzosamente, en contra de la voluntad de la familia. Señores de la guerra y talibanes van a las casas de estas familias pobres, que no tienen elección, y obligan a las hijas a casarse, y si no aceptan, las matan. Otras veces, las compran. Sufren, además, raptos, ataques con ácido en la calle y en escuelas, y más del 80 % es víctima de la violencia doméstica. Y el gobierno no hace nada", asegura la organización en su sitio web.

"Al principio los afganos se ilusionaron con los eslóganes de libertad y democracia, con las promesas de eliminación del terrorismo, los valores sobre derechos humanos o la liberación de la mujer oprimida. Pero hace ya tiempo se dieron cuenta de que esas eran solo justificaciones para conseguir sus propios intereses económicos. EE.UU. no se ha preocupado ni de la seguridad, ni de la libertad de la población", enfatiza RAWA.

Muchas mujeres han quedado desamparadas porque sus esposos o representantes masculinos han muerto en la guerra, o como consecuencia de la inseguridad nacional, y optan por huir hacia territorios vecinos o quitarse la vida. De ahí que Afganistán se ubique entre los países de mayor índice de suicidio femenino a nivel internacional.

Cuando en el 2007 la política afgana Malalai Joya intentó alzar la voz para criticar el trato inhumano que padecen sus congéneres como expresión de la ilegalidad imperante en el país, algunos miembros del Parlamento decidieron silenciarla. Por asumir esa actitud, fue despojada de sus responsabilidades en la provincia de Farah, pues se le acusaba de insultar a sus colegas parlamentarios en una entrevista de televisión.