Xavier Caño Tamayo

España es el tercer país europeo con mayor hacinamiento en sus cárceles. Lo documenta un informe de la XXX Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa, que se celebró en Estambul. Ese hacinamiento significa que hay 162 presos por cada cien mil habitantes, cuando en Alemania hay 95 por cada cien mil, 85 en Francia y 121 en Portugal. Demasiados presos en el Reino de España. Más que en cualquier época de su historia reciente, excepto los primeros años de la dictadura franquista.

Con la crisis, aumentaron los delitos violentos en el 2011. Algunos asesinatos, secuestros y atracos más que en el 2010, según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, aunque menos que en el 2009. Pero lo que llena las cárceles son los delitos de los pobres, de los de abajo y, especialmente, los relacionados de un modo u otro con el tráfico de droga.

Una radiografía de esa delincuencia puede verse en cualquier cárcel provincial española. Cárceles de pobres, de desesperados, habitualmente en medio de la nada, donde los presos acumulan 30, 40 o 50 causas penales por hurto, robo, lesiones, tirones, contrabando o venta de heroína, cocaína, hachís u otras drogas... En la jerga carcelaria son los gremlins. Pobres sin remedio, a los que el delito no saca de la pobreza. Presos ligados a la prisión, con salidas y entradas constantes. Sor Genoveva, una monja católica de 88 años, que hace casi 70 va a las cárceles de Barcelona para escuchar a los presos y ayudarlos, no tiene la menor duda: "Siempre es la gente más pobre la que está en la cárcel". Sabe de qué habla.

Gente que paga caros sus delitos. A quien cogen contrabandeando un kilo de cocaína, le caen ocho o nueve años de cárcel. Pero, dos importantes financieros españoles, por ejemplo, condenados por el Tribunal Supremo como autores de estafa y falsedad en la venta de un solar de Madrid, no fueron a la cárcel por una discutible y discutida interpretación de la prescripción por el Tribunal Constitucional, que los soltó. Aunque, como escribió quien fue teniente fiscal de Barcelona, José María Mena, "fueran efectivamente estafadores y falsarios". Mena dice que "también merece ser recordado el beneficio de 200 millones de pesetas (120 mil euros) conseguido por Alierta (presidente de la multinacional Telefónica) por una información bursátil privilegiada de carácter reservado, que era delito, pero quedó impune al amparo de la prescripción".

No es excepción que los ricos escapen del castigo por sus delitos económicos por la discutible utilización de la prescripción, la institución jurídica que dice que pasado cierto tiempo algunos delitos ya no puedan ser juzgados. Pero, prescripción aparte, hay más delitos que hacen daño a mucha gente y perjudican mucho a la ciudadanía, aunque sus perpetradores no pisen nunca la cárcel. ¿Qué creen que es esta maldita crisis, más que una acumulación de delitos de diversos pelajes financieros, cuyas consecuencias paga la ciudadanía? Delitos camuflados y ocultos, perpetrados con brillante ingeniería financiera y obscena contabilidad imaginativa. Entonces, para camuflar la impunidad de facto de delincuentes económicos y financieros, se promete con grandes aspavientos barrer el delito de las calles (recurso utilizado por muchos gobiernos en diversos países), que solo significa cebarse en los pequeños delincuentes, en los delincuentes pobres.

Lo cierto es que, benevolentes con la evasión de impuestos y los graves delitos económicos o los protagonizados directamente por miembros de la minoría rica, los sistemas penales y penitenciarios europeos han sido y son beligerantes e intolerantes con las infracciones de las clases sociales desfavorecidas. Y, por si fuera poco, hoy en España el gobierno del Partido Popular y sus aliados pretenden convertir en delincuente a la ciudadanía, que protesta pacíficamente contra un sistema económico que la esquilma y viola sus derechos. Lo quieren hacer endureciendo el Código Penal y, si se aprobara, Gandhi iría a la cárcel en España. Así están las cosas y no es como se reducirá la población penitenciaria. Pues, como escribió Josep M. Vallés, quien fuera responsable de las prisiones de Cataluña en el Reino de España: "Tener muchas cárceles y que estén llenas, es un fracaso".

Mientras tanto, responsables de delitos económicos y financieros, de compleja elaboración e inteligente y retorcido camuflaje jurídico que hace difícil de descubrir tales delitos, campan a sus anchas perjudicando a la mayoría. Da igual que las consecuencias las paguen miles, cientos de miles o millones de personas.