Para tales fines, la provincia ha recibido hasta la fecha unos
47,8 millones de pesos, derivados de la venta de materiales en las
tiendas creadas al efecto, de cuyo monto, el Estado dedica el 40 %
para ayudar a los sectores más vulnerables de la población, aseguró
Arturo Daniel Pozo, director en funciones de la Unidad Provincial
Inversionista de la Vivienda.
Añadió, que la mayoría de los expedientes aprobados por los
Consejos de la Administración Municipal (CAM), corresponden al
concepto de células básicas, 630 en total, y el resto a
mantenimientos ligeros o conservaciones mayores.
Entre las personas más favorecidas, figuran familias afectadas
por derrumbes totales o parciales, asistenciados sociales y
discapacitados, entre otros segmentos poblacionales, quienes han
sido priorizados en los análisis realizados por los CAM, muestra de
la preferencia que da la Revolución a estos casos, aseveró el
funcionario.
Desde el inicio del proceso fueron radicados un total de 2 984
expedientes, la mayoría de los cuales ya resultaron procesados por
especialistas de Vivienda y el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, siendo entregados a los Consejos de la Administración, a
quien corresponde su aprobación.
Según el especialista, los territorios más adelantados en este
proceder han sido Santa Clara, que tiene 340 casos aprobados así
como, Sagua la Grande y Manicaragua, este último municipio el de
mayores afectaciones pendientes por el impacto de catástrofes
naturales.