Miguel Febles Hernández

Quien visita por estos días Jimaguayú no puede menos que asombrarse y reconocer el cambio radical que, para bien, han tenido sus comunidades, fruto del empeño de las autoridades locales y del concurso popular, dirigido a restablecer el orden y la legalidad en materia urbanística y medioambiental.

La rehabilitación de los edificios y la eliminación de las ilegalidades transforman poco a poco el ambiente comunitario.

El pequeño municipio camagüeyano, que apenas rebasa los 21 mil habitantes, es, sin embargo, uno de los mayores productores de leche de vaca del país, su primer rubro económico y fuente principal de trabajo de los hombres y las mujeres del territorio, quienes se enorgullecen de su estirpe ganadera.

Como parte del proyecto de la llamada cuenca lechera, junto a las más de 300 vaquerías típicas construidas en aquellas legendarias llanuras se levantaron cuatro comunidades (Jimaguayú, Rescate de Sanguily, Quan Tree y Nicaragua), entre las cuales poseen un total de 64 edificios multifamiliares.

En la Comunidad Jimaguayú se estableció un área con las condiciones necesarias para el trabajo por cuenta propia.

Al deterioro acumulado tras décadas de uso sin el debido mantenimiento, se unieron las afectaciones provocadas por los huracanes del 2008, que dañaron el 67 % del fondo habitacional, disperso en 48 asentamientos rurales vinculados en su mayoría a entidades económicas del municipio.

Recuperarse del golpe, restablecer los perjuicios y salir airosos del percance, constituyó, pues, la primera prioridad para el pueblo y los líderes locales, prestos a transformar el entorno comunitario junto con el despertar del potencial productivo de sus cuatro empresas ganaderas.

CUARTO DE DESAHOGO A LA INTEMPERIE

"En nuestras comunidades se acumularon los mismos problemas que en otras partes del país sin un enfrentamiento oportuno: dondequiera que la gente pudo armó un corral, levantó una cerca, sembró un pedazo de tierra o construyó un local para cualquier propósito adosado a los edificios".

Marisol Alcántara Estenoz, presidenta hace cinco años de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Jimaguayú y con una larga trayectoria como delegada de circunscripción, asegura que revertir tal panorama no resultó fácil, pero se logró a través de la persuasión y la motivación de los vecinos.

"Lo primero que hicimos, recuerda, fue reunirnos con ellos, escuchar sus pareceres y demostrarles que, lejos de resolver un problema alimentario, la parte trasera de los edificios se había convertido en un vertedero donde se botaba todo lo inservible, es decir, una especie de cuarto de desahogo a la intemperie".

Así se fue avanzando edificio a edificio, calle a calle, primero en la Comunidad Jimaguayú, la más complicada en tanto cabecera municipal, y luego en los otros tres asentamientos principales, hasta concluir la higienización total del territorio y el mejoramiento de sus espacios públicos y áreas verdes.

"Siempre hubo quejas o cierto rechazo en algunos, confiesa Alcántara Estenoz, sobre todo por aquellas personas que habían hecho construcciones sólidas, pero a la larga comprendieron, no hubo que multar a nadie, y al final se logró el propósito de devolverle la vitalidad y belleza a cada lugar".

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

El enfrentamiento resuelto a las ilegalidades en Jimaguayú ha estado acompañado, de manera simultánea, de un serio programa de rehabilitación integral de los edificios, que incluye, entre otros, la impermeabilización de los techos, el cambio de la carpintería en puertas y ventanas, y la pintura de los inmuebles.

Para proceder a los trabajos, se discutió y se exigió la erradicación de todas las violaciones, explica Míriam Vázquez Guerra, directora municipal de la Vivienda, quien asegura que fueron eliminadas 49 construcciones ilegales.

A modo de ejemplo, solo en la Comunidad Jimaguayú se han rehabilitado doce de sus quince edificios, un cambio significativo que ha incidido también en otra manera de actuar por parte de los pobladores, ahora mucho más cuidadosos de las áreas comunes y respetuosos de las regulaciones urbanísticas.

De ello da fe Magalys Leyva Yero, directora municipal de Planificación Física, organismo unificador de las voluntades locales para reducir, hasta eliminar, el inventario inicial de 320 ilegalidades, ahora actualizado y aprobado por el Consejo de la Administración Municipal como plan integral de enfrentamiento.

"Hoy se respira un ambiente diferente, comenta, pues unido a la positiva respuesta de la población existe también una mayor comprensión por parte de los directivos de que son ellos los máximos responsables de no permitir que en sus entidades se transgreda lo legislado y se repitan los mismos problemas".

CADA AVE... A SU POLLERO

Refiere Leyva Yero que aparejado a todo el proceso de erradicación de ilegalidades, se seleccionó un área cercana a cada comunidad para facilitar que las personas pudieran criar sus animales en condiciones adecuadas, opción acogida con beneplácito por la mayoría.

"Considero que esta decisión es muy buena, porque detrás de los edificios es verdad que había mucho desorden, basura, roedores y malos olores. Ahora todo se ve más bonito y limpio", dice Rebeca Riverón Labrada mientras alimenta a sus gallinas a escasos 300 metros del apartamento donde reside.

En el área de cría destinada a la Comunidad Jimaguayú más de 60 vecinos tienen sus parcelas, donde construyeron los polleros, crían cerdos y carneros, tienen pequeños sembrados, con esfuerzo común iluminaron la zona, garantizaron el abasto de agua y no se ha reportado la pérdida de ningún animal.