Freddy Pérez Cabrera

Ya no son los días en que cualquiera llegaba y plantaba una casa en la Playa La Panchita, sin importar la legalidad o no de los materiales empleados, o el daño que pudiera causar a la zona costera.

En edificaciones como esta, se comprobó la existencia de elementos de vías férreas en la ejecución.

Como recordarán los lectores, en estas mismas páginas fue publicado en noviembre del 2010, un extenso reportaje bajo el título El precio de la indolencia, donde se denunciaba un grupo de infracciones cometidas allí, al amparo del descontrol administrativo y la indisciplina social.

En el referido trabajo, se hacía mención a los resultados de las acciones investigativas acometidas por la Fiscalía, además de otras indagaciones, en las cuales pudo comprobarse la existencia de elementos de vías férreas, utilizados en la ejecución de 270 viviendas, sumando un total de 9 631 metros de carril y 714 de traviesas de hormigón, además del empleo de otros recursos del Estado, como crucetas y angulares de los que sostienen las torres de las líneas de alta tensión y de la telefonía.

Que esta imagen de La Panchita, sea solo un mal recuerdo de lo que no debe volver a ocurrir en ningún otro lugar del país.

Como una muestra de que no habrá impunidad para los infractores ni para aquellos que permitieron tales transgresiones, resultaron radicadas 14 denuncias por los delitos de Receptación y Hurto, sancionándose a 13 personas, cuatro por tratamiento administrativo, en virtud del Artículo 8-3 del Código Penal, y el resto fue objeto de medidas pecuniarias y sanciones privativas de libertad subsidiadas por trabajo correccional con y sin internamiento.

En el informe suministrado por la Fiscalía en Villa Clara, también consta que en el caso de las 240 casas en fase de terminación se propuso elevar en consulta al Instituto Nacional de la Vivienda, la posibilidad de establecer regulaciones en cuanto a la declaración de arrendatarios a los poseedores de dichas moradas, solicitud que resultó denegada al no proceder en la situación de las viviendas de veraneo.

De igual manera, a las 44 casas en estructura, que emplearon en su fabricación elementos de vía férrea, se les solicitó la demolición, y las 21 que corresponden a acciones constructivas sin iniciar, su cancelación inmediata.

Consultado sobre el tema, Omar Rodríguez López, director provincial de Planificación Física, explicó algunas de las acciones acometidas en el área de la playa, entre las cuales mencionó la demolición de 42 de las 44 viviendas en estructura, acción ejecutada en el último trimestre del pasado año, mientras las dos restantes se destruyeron por la exposición al clima.

También fueron desmantelados tres inmuebles estatales, los cuales se encontraban en la zona costera, pertenecientes a CUPET, Ferrocarriles y al otrora Ministerio del Azúcar, según refirió el funcionario, quien destacó que en lo que va del 2012 resultaron demolidas otras siete viviendas que se encontraban en fase de terminación, las cuales también presentaban algún tipo de infracción en su ejecución.

Mencionó, asimismo, la aprobación de nuevas regulaciones urbanas para la franja costera, de acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley 212 del 2000, quedando definido el límite de la zona en un tramo de 20 metros desde el borde de la actual línea de costa y un área de protección de hasta 40 metros a partir de esa franja, en correspondencia con la norma jurídica establecida, que la tipifica como una zona de baja manglar y terraza baja artificial.

Por otra parte, han sido emitidas 162 resoluciones cancelatorias de las licencias de construcción y de los certificos de habitables, a personas que incurrieron en diferentes violaciones, ya sea por uso de elementos de vías férreas u otras transgresiones, añadió Rodríguez López.

De acuerdo con la verificación fiscal, como resultado de los procesos penales radicados existen otras dos viviendas confiscadas por los tribunales, que fueron entregadas a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Corralillo, que decidió su demolición inmediata, acción ya ejecutada.

Desde el punto de vista administrativo, se aplicaron medidas disciplinarias a los máximos responsables de los hechos violatorios detectados, entre los cuales se incluyen dirigentes de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Corralillo, de la Unidad Provincial y Municipal Inversionista de la Vivienda, la Dirección Municipal de la Vivienda en Corralillo, de la Dirección de Economía y Planificación de ese territorio, la dirección de Planificación Física y Desarrollo Urbano, así como a los directores de las Empresas Azucareras Carlos Baliño y George Washington.

Relacionado con las construcciones ilegales ejecutadas en los asentamientos costeros, por personas naturales o entidades estatales, el director de Planificación Física en Villa Clara aclaró que el Instituto Nacional de la Vivienda indicó la aplicación del Decreto 272 del 2001, aprobado por el Consejo de Ministros, mediante el cual se dispone que a los propietarios que no ocupen permanentemente estas moradas, debe aplicarse la pérdida de lo edificado o la demolición.

Otras playas encarriladas

El propósito de llevar el orden, la disciplina y el control a La Panchita, también se ha extendido a otros asentamientos costeros de Villa Clara, donde, de igual manera, pululaban las infracciones, como quedó demostrado en el mencionado reportaje publicado en Granma.

Vale aclarar que, de acuerdo con la clasificación establecida por el Decreto-Ley 212 del 2000, de las 33 playas con que cuenta Villa Clara, 20 son naturales, ubicadas en su totalidad en la cayería norte de la provincia, de modo que las principales transgresiones se han producido en áreas de playas artificiales.

En ese sentido, resalta la detección de un número significativo de casas sin documentación legal en los asentamientos costeros de Uvero, en Sagua la Grande; Piñón y Nazabal, en Encrucijada, y Juan Francisco, en Camajuaní, entre las cuales suman unas 620 viviendas carentes de título de propiedad, muchas de las cuales fueron construidas en las zonas costeras y de protección, por cuya razón ya han sido demolidas 76 casas que habían sido edificadas en los últimos tres años.

Sobre el tema, Rodríguez López expresó que en estos momentos dicha situación es analizada por las autoridades correspondientes, en busca de la solución más adecuada, ya que muchas de esas construcciones datan de la década de los años setenta del pasado siglo, tiempo en que la administración del lugar correspondía a una junta de vecinos y a servicios comunales.

Salta a la vista, de acuerdo con las precisiones de Omar Rodríguez López, que en estos y en otros lugares como Caibarién, Cayo Conuco, Carahatas e Isabela de Sagua, no solo los particulares han violado lo normado, pues varios organismos edificaron 62 instalaciones y 116 inmuebles en zonas costeras y de protección, a los cuales se les ha indicado derribarlos, en un proceso ordenado que debe durar hasta el 2014.