Por
segundo día consecutivo, miles de personas se congregaron hoy en las
inmediaciones del Parlamento español para demandar la renuncia del
gobierno conservador de Mariano Rajoy, artífice de un severo plan de
austeridad.
Los manifestantes -unos tres mil según diversas fuentes-
volvieron a concentrarse en la madrileña plaza de Neptuno, a escasos
metros del Congreso de Diputados, epicentro la víspera de una
desproporcionada represión policial que dejó 64 heridos y 35
detenidos.
A diferencia de lo ocurrido ayer, cuando fuerzas antidisturbios
no dudaron en utilizar sus porras y dispararon balas de goma contra
ciudadanos inermes, la situación esta noche, cuando continuaba la
protesta, era de relativa calma.
Convocados nuevamente por la Coordinadora 25S (por 25 de
septiembre) y la plataforma En pie!, los asistentes a la
movilización exigieron la dimisión del Ejecutivo del derechista
Partido Popular, que en apenas nueve meses aplicó drásticos recortes
sociales y laborales.
También reclamaron la disolución de las Cortes Generales
(Parlamento bicameral español), una democracia más participativa y
la liberación de los ciudadanos arrestados durante la protesta de la
jornada anterior.
Que no, que no, que no nos representan, El pueblo unido, jamás
será vencido o Rajoy cobarde, la calle está que arde fueron algunas
de las consignas coreadas por los manifestantes ante un amplio
despliegue de gendarmes y una veintena de furgones policiales
apostados junto a la Cámara baja.
La coalición española Izquierda Unida (IU) calificó este
miércoles de brutal y desproporcionada la actuación de los
antidisturbios en la movilización de la víspera.
El líder de IU, Cayo Lara, anunció que el grupo parlamentario
Izquierda Plural solicitará que se investigue la supuesta
participación en la protesta de policías vestidos de paisano y
encapuchados.
En su opinión, la desafección de la sociedad hacia la clase
política no se resuelve ni con la intimidación de los ciudadanos ni
con medidas represivas como las de ayer, cuando los agentes se
emplearon con dureza para dispersar la multitud.
Lara exhortó al Ejecutivo español a dar respuesta a una situación
de deterioro democrático, en la que cada vez es mayor el divorcio
entre una parte importante de los ciudadanos y las instituciones.
A los sindicalistas y a los indignados no les gusta la bulla, la
gente sale a las calles porque está sufriendo mucho y porque le han
quitado el futuro, al tener que pagar los platos rotos de los
banqueros y de unos cuantos poderes financieros, denunció el
dirigente.
Tras considerar de exceso policial brutal la represión vivida
ayer en las calles de Madrid, el diputado Alberto Garzón, también de
IU, señaló que el Gobierno busca criminalizar la demanda social y
pacífica.