BRASILIA, 25 septiembre.— Un grupo de trabajo creado hoy por la Comisión Nacional de la Verdad investigará las actividades de la Operación Cóndor, una alianza político-militar de las dictaduras latinoamericanas en la década de 1970, organizada y dirigida por Estados Unidos.

"Esclarecer los hechos, las circunstancia y los autores de los casos graves de violaciones, torturas, desaparecimientos forzados y ocultación de cadáveres", aparecen entre los objetivos de ese grupo, de acuerdo con la resolución sobre su instalación, publicada en el Diario Oficial de la Unión.

La Operación Cóndor es el nombre con el que es conocido el plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales suramericanos de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela, y Ecuador con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, ejecutada en las décadas de 1970 y 1980 del siglo pasado.

Según los archivos desclasificados de la CIA, el jefe de la policía secreta chilena, Manuel Contreras, fue invitado en 1975 al cuartel General de la compañía en Langley, Virginia, y después de esa visita, Contreras figura como "creador" de la Operación Cóndor.

Sin embargo el periodista e investigador estadounidense Cristopher Hitchens considera al entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, el ideólogo de dicha acción represiva.

En realidad, la Operación Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos políticos de izquierda.

Estimados extraoficiales refieren que más de 100 mil personas fueron asesinadas y otras 400 mil torturadas en acciones de la Operación Cóndor en esos países durante su vigencia.

La resolución de creación establece que el grupo será presidido por la abogada Rosa María Cardoso de Cunha, miembro de la Comisión de la Verdad, instalada por la presidenta Dilma Rousseff en mayo pasado para investigar las violaciones de los derechos humanos en Brasil entre 1946 y 1988, con énfasis en la época de la dictadura militar (1964-1985).

Integran el grupo la académica Heloisa Maria Murgel Starling, el periodista Luiz Claudio Cunha y la asesora de la Comisión Nacional de la Verdad Paula Rodrigues Ballesteros. La presidenta y sus miembros ejercerán sus actividades sin remuneración alguna y no tienen plazo para concluir su labor.

En declaraciones a la Agencia Brasil el pasado día 17, Claudio Cunha señaló que el origen de esa estrategia político-militar de las dictaduras latinoamericanas estaría en una reunión, entonces secreta, efectuada en Buenos Aires, en 1974.

De acuerdo con sus miembros, el grupo podrá investigar episodios aún polémicos de la historia brasileña como las muertes de los expresidentes Joao Goulart y Juscelino Kubitschek, en 1976, en circunstancia no esclarecidas del todo.

La Agencia Brasil precisa, que Goulart fue depuesto por el golpe militar de 1964 y habría muerto en Argentina en diciembre 1976, oficialmente de un ataque cardíaco, pero familiares sospechan de que fue envenenado por agentes de la Operación Cóndor.