O. FONTICOBA GENER

En un contexto nacional signado por el perfeccionamiento de los modos de gestión económicos, el cumplimiento oportuno de las relaciones contractuales deviene factor imprescindible.

Narciso Cobo RouRa.

Importante resultan, en ese orden, los Lineamientos aprobados en el Sexto Congreso del Partido que, además de situar "el contrato" como rector de los vínculos entre las empresas, unidades presupuestadas, cooperativas o formas de gestión no estatal, revitalizan su alcance y retoman su papel directivo en el aseguramiento de los planes económicos.

Sin embargo, persiste el irrespeto a los plazos y condiciones de entrega y la falta de cultura jurídica de algunos empresarios o de preparación y exigencia de asesores.

La Resolución No. 2253/2005 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y, más recientemente, la Instrucción No. 7/2011, de este propio organismo, por la que se reconoce como sujeto de esta contratación al trabajador por cuenta propia, encaminadas a incrementar la eficiencia en la concertación y ejecución de los contratos, sobre la base de la confianza y la responsabilidad entre las partes, contribuyen a erradicar las deficiencias.

A estas normativas se suma un nuevo Decreto-Ley, en proceso de aprobación, que regirá el universo de relaciones contractuales económicas y comerciales, eliminando la dispersión legislativa que existe en este campo. Así confirmó a Granma el presidente de la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular, Narciso Cobo Roura.

De acuerdo con el juez, la clara delimitación entre las funciones estatales y empresariales constituye un elemento clave para consolidar el papel del contrato a partir de una mayor autonomía de las empresas.

"En la misma medida en que este objetivo se vaya alcanzando, y las instancias administrativas interfieran menos en la gestión empresarial, la empresa podrá contar con la necesaria autonomía y el papel del contrato cobrará un peso mayor como mecanismo para ordenar y regular sus relaciones. Sintéticamente: el contrato es la forma de existir de toda empresa", significó.

El incremento de la autonomía supone una mayor exigencia. Uno de los elementos novedosos que contendrá el Decreto-Ley será la facultad de las partes para acordar la penalización por incumplimiento del contrato. De ahí que la nueva normativa entrañe una responsabilidad superior para todos los sujetos de la contratación, "máxime en las condiciones de asimetría en que pueden desarrollarse las relaciones inter-empresariales, en las que la entidad proveedora o prestataria del servicio —en ocasiones en condiciones monopólicas— se cree, erróneamente, con derecho a imponer condiciones gravosas para la otra", destacó Cobo Roura.

"No solo los juristas, también los empresarios tienen esa opinión. Diversas circunstancias pudieron contribuir a formar esta idea, en el sentido de que, en un contexto en el que prevalecía la verticalidad, lo más importante era cumplir con las directivas en el orden material, al margen de los contratos suscritos.

"A ello pudieron contribuir, además, determinadas prácticas relativas a la forma en que se organiza el proceso mismo de contratación, en el cual prevaleció el criterio de exigir la entrega de una cantidad de documentos y certificaciones que, si bien son importantes por estar dirigidos a acreditar la personalidad y la representación de las partes, o la licitud del objeto del contrato, y asegurar la necesaria transparencia de la relación, lo cierto es que basta con su exhibición sin que tengan que reproducirse y entregarse, contrato a contrato, otras tantas copias de dicha documentación, lo cual entorpece y hace engorroso dicho proceso. Hoy existe una mayor comprensión al respecto.

"En lo anterior reviste significativa importancia la referida Resolución 2253/2005 del MEP, a la que correspondió el papel de adelantar —y comprobar en la práctica empresarial— las reglas más generales que hoy contiene el Proyecto de Decreto Ley de Contratos.

Lo que varía son los intereses presentes en ese vínculo y la forma en que se relacionan las partes y aseguran su responsabilidad.

Esto pudiera imprimirle mayor complejidad a determinados procesos ante los tribunales; pero nuestros órganos de justicia están preparados para dispensarles la atención que requieren, en correspondencia con las particularidades de cada caso.

La parte que se ve afectada, en este caso por un incumplimiento contractual, se dirige a la sala de lo Económico del tribunal provincial correspondiente, para solicitar que ordene a la otra parte el cumplimiento de la obligación, o para que indemnice los daños o los perjuicios derivados del incumplimiento. Es lo que conocemos como presentación de una demanda.

Sin embargo, antes de este paso, es necesario que exista un contacto previo de manera que ambas partes puedan examinar de conjunto en qué consiste la falta y las alternativas que pudieran existir para cumplir la obligación contraída, o para reparar la afectación económica causada por el incumplimiento, y tratar de resolver el problema de manera amigable sin tener que someter el asunto a un tribunal.

"No tanto como debiera. En muchos procesos se advierte que no ha existido la necesaria comunicación entre las partes. Por este motivo, recientemente el Tribunal Supremo Popular adoptó la Instrucción 215, en la que se exige como requisito que las partes se reclamen antes de acudir al tribunal, y traten de darle una solución efectiva al conflicto".