La asociación Jueces para la Democracia (JpD) censuró hoy en Madrid que la reforma del Código Penal impulsada por el gobierno conservador español castigue determinadas formas de protesta de la sociedad.

Ruiz-Gallardón presentó este viernes ante el Consejo de Ministros una amplia reforma del Código Penal para endurecer las penas.

Sobre la futura legislación, anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el portavoz de JpD, Joaquim Bosch, lamentó que se pretenda criminalizar con dureza determinadas formas de protesta ante el descontento social por las medidas de ajuste.

En lugar de castigar de manera desmesurada algunas formas de discrepancia como la resistencia pasiva, el Gobierno debería convencer de las bondades de su política, subrayó Bosch en declaraciones a la agencia estatal de noticias EFE.

Ruiz-Gallardón presentó este viernes ante el Consejo de Ministros una amplia reforma del Código Penal para endurecer las penas.

España necesita una revisión del sistema penal por las nuevas formas de delincuencia, señaló el titular de Justicia, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete ministerial.

Entre sus principales novedades, el proyectado reglamento introduce la revisión del sistema de condenas, en concreto la prisión permanente revisable, similar a la cadena perpetua en otros países, pero con opción a devolver la libertad al reo si se demuestra su reinserción.

JpD, una de las cinco asociaciones profesionales de jueces y magistrados españoles, expresó su oposición al endurecimiento de las sanciones, por considerar que se enmarcan en lo que calificó de populismo penal y no solucionan el problema de fondo.

Recordó que España figura entre las naciones con las más bajas tasas de delincuencia de la Unión Europea (UE) y el mayor porcentaje de presos en sus cárceles, lo cual refleja la dureza del sistema penal y lo innecesario de su recrudecimiento.

Además, Bosch agregó que este país tiene el más alto grado de cumplimiento de las sentencias, en comparación con sus pares de la UE, por lo que no es necesaria la prisión permanente revisable.

Respecto a esta última opinó que puede presentar importantes dudas de constitucionalidad si se plantea como una especie de cadena perpetua con dificultades para ser revisada.

La Constitución establece que la función de las penas debe ser la rehabilitación de las personas condenadas, enfatizó.

Apuntó que la reforma contiene medidas que criminalizan la pobreza, al endurecer delitos contra la propiedad de escasa entidad como determinados hurtos y robos.

Sin embargo, no se regula penalmente con firmeza la alta delincuencia económica o la corrupción política, que están causando un grave daño a la sociedad, denunció.