De ahí que al tradicional estudio sobre la eficiencia de las
subdelegaciones del INV en cuanto a la radicación de los casos, se
una la revisión del procedimiento para la actuación de los
funcionarios de sus direcciones municipales que intervienen en tal
proceso.
De acuerdo con Santiago Herrera Linares, director jurídico del
Instituto, uno de los mecanismos implementados por la Vivienda para
el trabajo de sus entidades municipales desde abril pasado es la
Cartilla Técnica, herramienta que facilita la evaluación
técnico-económica de la solicitud recibida.
"La Cartilla —explicó a Granma— complementa la Instrucción
no.1 del 2012, que regula la actuación de nuestros técnicos y
funcionarios para la evaluación de la entrega de subsidios a
personas naturales.
"Este procedimiento asegura un marco de actuación más
transparente, tanto para la persona a la que se le examina su
solicitud como para el gobierno local que lo estudia y aprueba si se
otorga o no. En ella se clasifican las acciones necesarias en un
caso concreto, y contiene escalas o marcos sobre la cantidad de
materiales y el monto a subsidiar. Garantiza, en definitiva, una
mayor uniformidad en el trabajo, ajustada siempre a las
especificidades de cada quien.
"Todas las instancias del INV poseen ese instrumento y a ellos
pueden acceder todos los que deseen informarse acerca de este,
incluso en la red del sistema de la Vivienda".
Sobre los aspectos que el Instituto estudia para perfeccionar sus
funciones en la entrega de los financiamientos, Herrera Linares
señaló que entre estos figuran, la documentación técnica necesaria
para la ejecución de las acciones constructivas que se subsidian y
la diferencia entre las viviendas a construir en zonas sísmicas, en
relación con las que se edifican en otras áreas.
Y es que los subsidios —señala—, además de los beneficios
sociales que reportan, son también trascendentes en el aspecto
metodológico y legal, y el análisis de su marcha se hace
imprescindible en aras de una óptima actuación de todos los
organismos vinculados a ese proceso, esencialmente en cuanto a la
uniformidad en su actuación.
Asimismo, en el caso de la construcción de las células básicas,
para las cuales el valor máximo asciende a los 80 mil pesos, se
estudia la posibilidad de ampliar ese monto en alguna medida para la
edificación de células básicas sismorresistentes.