RICARDO ALARCÓN DE QUESADA

Las peticiones de Hábeas Corpus a favor de los Cinco cubanos condenados injustamente en Estados Unidos y especialmente la declaración jurada de Martin Garbus, abogado de Gerardo, tienen como foco central el papel desempeñado por "periodistas" que, pagados por el Gobierno norteamericano, crearon un ambiente de histeria y odio irracional que atemorizó al jurado hasta declararlos culpables pese a que la Fiscalía no presentó prueba alguna y, peor aún, reconoció que no podía sostener su principal acusación.

No se trata, sin embargo, de un enfrentamiento de los Cinco y sus defensores con el periodismo y los periodistas. Es más bien todo lo contrario.

La operación montada en Miami por la Fiscalía, además de violar la Constitución y las reglas del debido proceso, fue también un insulto a un oficio que merece respeto. Fue un diario de Miami —The Miami Herald— quien primero reveló la existencia de esa operación secreta en la que participaron algunos de sus redactores a quienes, por cierto, despidió por lo que su editor consideró una violación de la ética periodística.

El autor de la revelación, Oscar Corral, pagó caro su apego a las normas de la profesión. En vez de recibir un premio por su labor investigativa fue objeto, según sus propias palabras, de "una campaña orquestada para intimidar, hostigar y silenciar. Fue un fuego artillero concentrado. Algunas amenazas fueron muy específicas y mencionaban a mi familia" lo cual hizo que sus editores los mudaran a vivir a un lugar seguro.

El periodismo verdadero fue también víctima de la prevaricación gubernamental.

Pero ¿quiénes eran los "periodistas" pagados por el Gobierno y por qué fueron contratados para hacer lo que hicieron?

Todos, sin excepción, eran miembros o estaban estrechamente vinculados a organizaciones que en Miami cultivan la violencia y el terrorismo y algunos son, ellos mismos, terroristas convictos y confesos; algunos habían ejercido funciones periodísticas con anterioridad y son capaces de redactar, más o menos, un par de cuartillas, otros no habrían pasado el examen de admisión a ninguna escuela de periodismo; todos tienen larga experiencia como provocadores y participan asiduamente en programas radiales y televisivos caracterizados por la procacidad y la estridencia en los que se aboga, sin tapujos, por el uso de la fuerza contra Cuba. Todos reunían las cualidades para ser contratados por Washington para el cumplimiento de una labor clandestina. En otras palabras, eran gente de confianza y por eso les encargaron el trabajo y les pagaron generosamente, pues, después de todo, no usaron el dinero de sus bolsillos sino el de los contribuyentes.

Todo se pagó con cargo a los presupuestos de radio y TV Martí, que son empresas del Gobierno, financiadas por el presupuesto federal que se nutre de los impuestos y otros aportes que hace el público, o sea, los ciudadanos y los residentes en Estados Unidos. Pero estos, quienes, sin saberlo, la pagaban, nada supieron de esta operación encubierta.

Por eso la declaración de Garbus destaca que estamos ante un asunto de importancia excepcional. Ante todo para los Cinco compatriotas que pronto cumplirán catorce años privados de su libertad. Pero es importante también, y mucho, para quienes no están encarcelados.

Lo es, especialmente, para los periodistas verdaderos, sin comillas, los que ejercen honestamente una profesión que otros prostituyeron y la convirtieron en instrumento para secuestrar a cinco inocentes.

Al final de su declaración Garbus menciona al Fiscal General de Estados Unidos: "El Fiscal General Eric Holder Jr. no fue responsable por este caso cuando comenzó. Pero lo es ahora".