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Cuatro regiones españolas fustigan recortes sociales de Rajoy

MADRID.— Cuatro regiones españolas condenaron hoy los recortes en materia de salud que aplicará a partir del próximo sábado el gobierno conservador de Mariano Rajoy, entre ellos uno que deja sin atención sanitaria gratuita a los inmigrantes indocumentados.

En un comunicado conjunto, las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias y el País Vasco calificaron de regresivas las políticas puestas en marcha por la administración del derechista Partido Popular en sus ocho meses de gestión.

Dentro de esas medidas retrógradas citaron la retirada de medicinas del sistema de financiación estatal y la implantación de un modelo de aseguramiento ya superado en España, que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles y extranjeros residentes en este país. Para esos territorios, la solución a la crisis no pasa por imponer un modelo económico y social basado en la restricción de derechos fundamentales básicos, como son la educación y la sanidad, ni en la privatización de la cobertura y gestión de los servicios públicos.

Por el contrario, defendieron que el mantenimiento de una sociedad cohesionada, equitativa y con una sanidad y educación de calidad son bases esenciales para hacer frente a la debacle financiera.

En ese sentido manifestaron su repulsa a todas aquellas medidas que vayan en contra de mantener los principios de universalidad de la atención y cohesión del sistema territorial.

Más de 153 mil inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria el venidero primero de septiembre, una medida con la que el Ejecutivo español espera ahorrar unos 500 millones de euros, como parte de sus severos ajustes para reducir el déficit fiscal.

Los detractores de la impopular decisión sostienen que el número de extranjeros sin papeles es ínfimo, por lo que retirarles la atención médica ahorra muy poco y reafirma la discriminación.

Organizaciones sociales y asociaciones de defensa de los derechos humanos convocaron el próximo sábado una concentración frente a un hospital de Madrid para protestar contra la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia.

Los convocantes de la manifestación definieron este decreto como un ataque frontal contra el derecho a la salud de toda la ciudadanía, tanto autóctona como migrada, informó PL.

 

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