MADRID.—
Cuatro regiones españolas condenaron hoy los recortes en materia de
salud que aplicará a partir del próximo sábado el gobierno
conservador de Mariano Rajoy, entre ellos uno que deja sin atención
sanitaria gratuita a los inmigrantes indocumentados.
En un comunicado conjunto, las comunidades autónomas de
Andalucía, Asturias, Canarias y el País Vasco calificaron de
regresivas las políticas puestas en marcha por la administración del
derechista Partido Popular en sus ocho meses de gestión.
Dentro de esas medidas retrógradas citaron la retirada de
medicinas del sistema de financiación estatal y la implantación de
un modelo de aseguramiento ya superado en España, que pone fuera de
la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles y extranjeros
residentes en este país. Para esos territorios, la solución a la
crisis no pasa por imponer un modelo económico y social basado en la
restricción de derechos fundamentales básicos, como son la educación
y la sanidad, ni en la privatización de la cobertura y gestión de
los servicios públicos.
Por el contrario, defendieron que el mantenimiento de una
sociedad cohesionada, equitativa y con una sanidad y educación de
calidad son bases esenciales para hacer frente a la debacle
financiera.
En ese sentido manifestaron su repulsa a todas aquellas medidas
que vayan en contra de mantener los principios de universalidad de
la atención y cohesión del sistema territorial.
Más de 153 mil inmigrantes irregulares perderán su tarjeta
sanitaria el venidero primero de septiembre, una medida con la que
el Ejecutivo español espera ahorrar unos 500 millones de euros, como
parte de sus severos ajustes para reducir el déficit fiscal.
Los detractores de la impopular decisión sostienen que el número
de extranjeros sin papeles es ínfimo, por lo que retirarles la
atención médica ahorra muy poco y reafirma la discriminación.
Organizaciones sociales y asociaciones de defensa de los derechos
humanos convocaron el próximo sábado una concentración frente a un
hospital de Madrid para protestar contra la retirada de la tarjeta
sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia.
Los convocantes de la manifestación definieron este decreto como
un ataque frontal contra el derecho a la salud de toda la
ciudadanía, tanto autóctona como migrada, informó