LIMA, 28 agosto.— Con un homenaje a las víctimas de la violencia, entre ellos más de 15 mil desaparecidos, fue conmemorado hoy el noveno aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Perú.

Familiares de muertos y desaparecidos en las dos décadas precedentes, de las 15 regiones peruanas más afectadas por aquel conflicto interno, sembraron igual número de rosales en una céntrica plaza limeña, en un acto organizado por la Municipalidad de Lima.

Los oradores incidieron en la demanda de esclarecimiento de la suerte de los desaparecidos, exhumación de restos de enterramientos clandestinos y pronto pago de reparaciones a las familias de las víctimas por parte del Estado.

Los planteamientos fueron hechos por la Organización Nacional de Afectados por la Violencia Política y la Asociación de Familiares de las Víctimas de las Fuerzas Armadas y Policiales.

Preguntado sobre el tema y sobre la aplicación de las recomendaciones de democratización y medidas legales planteadas por el informe de la CVR, el ministro de Justicia, Juan Jiménez, dijo que la prioridad del gobierno es impedir el resurgimiento de los grupos armados.

Según cifras el citado informe y otras fuentes, siguen desaparecidos 15 mil 700 peruanos, en su gran mayoría campesinos, cuyos despojos estarían enterrados en seis mil 400 fosas.

En los últimos 10 años solo se han abierto 13 por ciento de los enterramientos, de los que fueron rescatadas dos mil 64 osamentas y un diario local comenta que, si se mantiene ese ritmo, las exhumaciones terminarán recién centro de 80 años.

Los afectados y Franco Mora, coordinador del Equipo Peruano de Antropología Forense, señalan que no hay voluntad política estatal para la búsqueda de las fosas y las exhumaciones, ni presupuesto para la identificación de la mayoría de los restos encontrados.

Entretanto, el Juzgado Supraprovincial de Lima inició con evidente tardanza un juicio al general retirado Wilfredo Mori y otros tres exoficiales como autores mediatos de la matanza de unos 120 pobladores de la aldea de Putis, en la región centroandina de Ayacucho, perpetrada en diciembre de 1984.

Fuerzas militares reunieron a los pobladores ofreciéndoles protección por un previo ataque que habían sufrido del grupo armado Sendero Luminoso, pero cuando los tuvieron bajo control violaron a las mujeres y dieron muerte a un centenar de campesinos, incluyendo niños.