MADRID.—El
sol brilla en España como cada mes de agosto, pero para millones de
sus ciudadanos la nube del desempleo lo ensombrece todo. Así le pasa
a José Manuel Martínez, que participa en una protesta en Madrid con
un cartel casero que dice: "Quiero un puesto de trabajo, no
limosna".
A sus 45 años, Martínez, residente en la sureña ciudad de
Sevilla, lleva los tres últimos sin empleo y reconoce ensombrecido:
"He perdido la esperanza".
Como él, casi 4,6 millones, de los 47 millones de habitantes de
España, estaban sin trabajo al concluir julio, uno de los meses en
que la gran industria turística suele generar más empleo en este
país europeo.
Andalucía, la comunidad autónoma de la que es capital Sevilla,
tiene un millón de desempleados, con más de cinco puntos por encima
de la tasa nacional, de 24,6 % al cierre de julio, cuando la media
de la Unión Europea es de 10,3 %.
"Lo están haciendo todo al revés. Tendrían que generar más
empleos pero cada vez hay más parados. Nos engañaron, porque Rajoy
prometió corregir el desempleo si lo elegían", protestó Martínez.
El principal blanco de las críticas de los sindicatos españoles
es la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo el 10 de febrero,
que generó ya la primera huelga general contra Rajoy, el 29 de
marzo.
La reforma facilita el despido y permite, por ejemplo, que una
compañía prescinda de empleados, libremente, si sus ingresos caen
durante dos trimestres.
Esto ha provocado un incremento exponencial en el número de
parados. Además, otra nueva medida, aprobada en julio, reduce la
prestación por desempleo a partir de los seis meses para los nuevos
desocupados.
El Instituto Nacional de Estadística indica que ya hay en España
1,5 millones de familias donde todos sus miembros carecen de empleo,
y más del 50 % de los jóvenes no tienen trabajo.
Como consecuencia, se producen situaciones como que uno de cada
cuatro niños españoles vivan ahora debajo del umbral de pobreza,
según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
La población critica que el Gobierno se preocupe de ayudar al
sector financiero, con un préstamo cuyos costos deberán pagar todos,
y no de obtener recursos para garantizar los servicios básicos y
promover la economía. (Fragmentos tomados de IPS)