La exsenadora colombiana Piedad Córdoba negó aquí la existencia de políticos secuestrados y afirmó que hoy en su país se requiere solo voluntad para conseguir la paz.

En una entrevista con el diario ecuatoriano El Telégrafo, Córdoba aseguró que las guerrillas han manifestado su interés por lograr la paz, pero el Gobierno no la quiere y hasta que se pongan de acuerdo es difícil.

La también vocera del colectivo Colombianos y colombianas por la paz expuso que son 28 las personas que esta agrupación ha logrado liberar, pero no tienen más casos en agenda.

Su colectivo de lucha, señaló, ha insistido en construir un instrumento para que el mismo Gobierno informe realmente cuántas personas están en poder de la guerrilla y del Estado y quiénes son.

Respecto a la necesidad de un apoyo regional en ese propósito, consideró que es importante porque los países de esta área son muy parecidos.

En cuanto a su destitución en 2010 como senadora por supuestos vínculos con la guerrilla manifestó que fue producto de una estrategia para acallar las voces contrarias a la que la élite política de su país plantea, sobre todo en lo referido a profundizar la guerra.

Córdoba aseguró que se reunió solo una vez con el líder guerrillero Raúl Reyes pero con la autorización del Gobierno para tramitar la liberación de los primeros secuestrados.

Sin embargo, reiteró que ella no es miembro de la guerrilla colombiana, ni jamás ha tenido una militancia armada. Lo que sí creo es que no se puede lograr la paz si no se habla con quienes están en una profunda contradicción política y militar con el Gobierno, señaló.

Apuntó que el coincidir conceptualmente con la guerrilla no la hace miembro de ésta, pero en Colombia se generó una polarización muy fuerte alrededor de quienes consideran que la salida militar está agotada, no solo para el Gobierno, sino para la guerrilla.

La también mediadora en 2008 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la liberación de políticos secuestrados, enfrenta acciones legales interpuestas por la Procuraduría General de su país.

Por su parte, ha instaurado acciones jurídico-administrativas en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado, pero hasta el momento no han sido resueltas aunque aspira a ello.

En torno a declaraciones suyas sobre derrocar al presidente colombiano, aclaró que se refirió a la revocatoria del mandato, establecida en la Constitución, nunca a un golpe de Estado, aún cuando pueda ser un mal gobierno.

Para esta activista social, la participación ciudadana juega un papel importante para terminar con la guerra en Colombia.

Concluyó que en la medida en que este proceso de paz pueda avanzar hacia una salida política y negociada, lo apoyará.