BOGOTÁ, 24 agosto.— El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, instó hoy a la Fiscalía y Procuraduría de la Nación a acelerar las investigaciones contra el exgeneral Mauricio Santoyo, para que sea extraditado una vez cumpla su pena en Estados Unidos.

Santoyo admitió el lunes último, ante una corte de Virginia, haber aceptado sobornos de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a cambio de información sobre leyes en curso y programas de detención de la Dirección Antinarcóticos de Estados Unidos.

Esto les facilitó a las AUC llevar a cabo numerosas operaciones ilegales, entre ellas el narcotráfico, en algunas de las cuales participó incluso Santoyo, según datos revelados recientemente.

Santos calificó hoy el caso de grave y delicado, en su programa En línea con el presidente, tras calificar a Santoyo de traidor a la Policía Nacional, fuerza militar a la que pertenecía, y a su país.

En su condición de jefe de la seguridad de la Presidencia -entonces bajo el primer mandato de Uribe, 2002-2006- tenía acceso a información sobre todas las operaciones y a los Consejos de Seguridad, subrayó.

Sus nexos con Uribe se remontan, sin embargo, a 1995 cuando ejerció cargos de importancia en unidades policiales especiales en Medellín, capital del departamento de Antioquia, en el noroeste del país, donde Uribe era gobernador. Luego custodió su campaña presidencial.

El 3 de julio se presentó, en Bogotá, ante autoridades de Estados Unidos, donde un gran jurado lo procesó el 24 de mayo último por presuntos nexos con narcotraficantes.

Además Santoyo, según presunciones oficiales, pudo haber colaborado con la Oficina de Envigado, una localidad vecina de Medellín, fundada por Pablo Escobar y considerada una especie de "catedral del narcotráfico".

Ante la corte de Virginia, el exgeneral admitió unicamente su apoyo a las AUC surgidas durante el primer mandato de Uribe, y cuando el era su jefe de seguridad.

Su confesión se derivó de un acuerdo judicial con las autoridades norteamericanas, mediante el cual enfrentará una pena de 10 a 15 años, sin ser llevado nuevamente a juicio.