Surgida con el objetivo de asistir a aquellas personas sin
posibilidades económicas para enfrentar problemas de vivienda, la
experiencia ha demostrado en poco tiempo ser una valiosa alternativa
para ayudar a atenuar la situación del fondo habitacional de la
provincia, donde todavía quedan pendientes más de 22 mil
afectaciones causadas por los huracanes que la han azotado durante
la última década.
Mariano Cruz, vicepresidente del Consejo de la Administración
Provincial (CAP), explica que precisamente por esto, en el
territorio se ha decidido dar prioridad a los damnificados por los
fenómenos meteorológicos.
Ello ha llevado a distribuir diferenciadamente los fondos
asignados. Por ejemplo, a municipios como Consolación del Sur y Los
Palacios, se les han entregado más de 2,5 millones de pesos,
mientras que Minas de Matahambre, uno de los menos castigados, solo
ha recibido 300 mil pesos.
En sentido general, el 73% de los subsidios otorgados se
corresponden con familias afectadas por los ciclones.
"Hasta el momento, se han enviado a los Consejos de la
Administración Municipal (CAM) 952 expedientes, de los cuales, 357
fueron aprobados para recibir el subsidio, y otros 328 se encuentran
en trámite", comenta Mariano.
Según el funcionario, se trata de un proceso ordenado, en el que
intervienen varios organismos como las direcciones de la Vivienda y
de Trabajo, el Banco Popular de Ahorro, Comercio y las dependencias
internas del Poder Popular, a fin de evitar cualquier irregularidad.
"Como esta es una experiencia nueva, les hemos orientado a los
técnicos de la vivienda en todos los Consejos Populares que se
acerquen a los damnificados, les brinden toda la información al
respecto y les indiquen los pasos para acceder a un subsidio".
Gracias a esto se ha logrado avanzar con agilidad. Así lo prueba
el hecho de que en nueve de los 11 municipios de la provincia, ya se
distribuyó el presupuesto asignado.
No obstante, el vicepresidente del CAP advierte que se trata de
una cantidad insuficiente para atender todas las necesidades. De
modo que a pesar de que cualquier persona puede optar por un
subsidio, la decisión es priorizar los casos más críticos.
"Tanto en el orden financiero como en el de ejecución, existe un
control riguroso, pues a través de la red de puntos de venta de
Comercio se tienen identificadas a las personas que han recibido
subsidios, y los materiales que han adquirido, mientras los técnicos
de las unidades inversionistas de la vivienda se encargan del
chequeo a pie de obra", asegura el vicepresidente del CAP.
"Además, los delegados del Poder Popular tienen la misión de
estar al tanto del programa para impedir cualquier violación",
añade.
Aún así, reconoce que hay aspectos que generan preocupación. Por
ejemplo, la demanda de acero se halla muy por encima de la
asignación de la provincia, y en lo que va de año, también ha habido
déficit en la entrada de muebles sanitarios y de enchape, algo que
ha impedido poder concluir un número mayor de acciones.
"Otra de las dificultades que hemos encontrado es que, según lo
establecido, el dinero del subsidio no puede usarse para cubrir los
gastos de transportación de los materiales, los cuales son elevados,
sobre todo cuando se trata de trasladar bloques o áridos, y mucha
gente no tiene cómo enfrentarlos".
Como se mencionó en el pasado periodo de sesiones de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, este es uno de los elementos que se
evalúa y estudia.
Se trata de aspectos que habrá que ir corrigiendo sobre la
marcha, para lograr que este valioso programa continúe abriéndose
paso, confirmando la premisa que le dio origen: garantizar que
ningún cubano quede desamparado.