BAHER AZMY (*)

Las nuevas normas emanadas del Departamento de Justicia de Obama amenazan con devolver (la cárcel en el territorio ilegalmente ocupado de) la Bahía de Guantánamo al agujero negro legal en el que estaba desde los primeros días del gobierno de George W. Bush. Las normas, que empezaron a manifestarse en mayo, se revisarán en una vista que se celebrará ante un juez federal de Washington. Como consecuencia de su contenido, se restringe el acceso de los abogados a los detenidos que han perdido sus peticiones iniciales de hábeas corpus. El efecto que tendrá será arrebatar a los tribunales el control del acceso de los abogados a sus clientes, dotando al ejército de unos poderes discrecionales casi completos para dictar si los abogados pueden, y cuándo, visitar a los detenidos, cuántos abogados pueden trabajar en un caso, qué tipo de información pueden obtener y utilizar para representar a sus clientes y dónde y de qué manera esa información podrá utilizarse.

La cárcel de la ilegal base de Guantánamo podría ser el lugar donde Estados Unidos envía a los detenidos musulmanes a envejecer y morir.

Es decir, que en vez de cerrar el campo de prisioneros como prometió, el presidente Obama ha devuelto Guantánamo al hermético y desesperado campo de internamiento que tanto vilipendió cuando era candidato.

Desde que la prisión de Guantánamo abrió sus puertas en el 2002, sus rasgos distintivos han sido el rechazo a la supervisión judicial y la exclusión de los abogados. La administración de George W. Bush eligió ese lugar para albergar a los "combatientes enemigos" porque las autoridades pensaron que la base militar —y el trato dado a los detenidos— quedaría lejos del escrutinio de los tribunales. Después de que el Tribunal Supremo rechazara esa estrategia en su sentencia del 2004 en el caso Rasul versus Bush, los abogados afluyeron en gran número a la base. Pronto quedó muy claro no solo que la mayoría de los detenidos había sufrido abusos y torturas, también que a la mayoría de ellos no debería habérseles detenido jamás. Desde la sentencia Rasul, han quedado libres más de 600 de los casi 800 hombres musulmanes que han pasado por Guantánamo.

En el 2008, la sentencia del tribunal en el caso Boumediene versus Bush reafirmó que los detenidos tenían derecho a una revisión judicial significativa de la base legal y factual de su detención. El caso Boumediene reabrió los tribunales a los detenidos, recuperándose el derecho de hábeas corpus tras años de suspensión.

En los primeros tres años tras el fallo de Boumediene, la mayoría de los detenidos ganó sus casos en tribunales inferiores, lo que puso de relieve la debilidad de los argumentos utilizados por la administración Bush para llevar a cabo las detenciones. Pero el pasado año, la Corte de Apelaciones estadounidense para el Circuito DC ha revertido todas esas decisiones e impuesto unos estándares legales que hacen que sea prácticamente imposible ganar un caso de hábeas corpus. Mientras tanto, la negativa del Tribunal Supremo a revisar el desafío de los tribunales del Circuito D.C. respecto a la promesa contenida en el caso Boumediene —a pesar de una petición de súplica presentada este año en siete apelaciones diferentes— pone punto final a la supervisión judicial significativa de Guantánamo.

Así pues, las nuevas normas del Departamento de Justicia están devolviendo a Guantánamo al punto de partida. Este mes, en una presentación ante un tribunal, la administración Obama mostró su incorrecto razonamiento argumentando que, en ausencia de peticiones activas de hábeas corpus, los abogados no necesitan tener garantizado el acceso a sus clientes ni a la información clasificada necesaria para poder presentar sus demandas.

Pero no hay justificación militar o legal plausible alguna para castigar de esa forma a los detenidos. Guantánamo sigue estando a miles de kilómetros de cualquier hostilidad activa. Más aún, entre las miles de visitas de abogados a clientes que se han producido a lo largo de los últimos ocho años, no ha habido ningún informe creíble de que se haya divulgado una información reservada ni dañado la seguridad nacional.

El retroceso de la administración Obama, a causa de la evisceración de Boumediene por los tribunales del Circuito D.C. y la fallida promesa del presidente de cerrar la prisión, está devolviendo el status quo de Guantánamo a la era anterior a Rasul, cuando era un lugar icónico de la negación de los derechos jurídicos de seres humanos o del acceso al mundo exterior.

Esta evolución es tan poco sorprendente como peligrosa. En el 2004, el Tribunal Supremo se sintió motivado para asegurar una supervisión judicial sobre las operaciones de detención en Guantánamo a causa de las revelaciones sobre las torturas de Abu Ghraib, así como por la preocupación ante una serie de detenciones en las que no mediaban acusación ni juicio alguno. Actualmente, la mayoría de la gente cree que Obama ha puesto fin a las torturas en Guantánamo. Sin embargo, esto no significa que no sea ya necesario el control judicial. Los abusos y las torturas podrían fácilmente reaparecer si no existe la vigilancia adecuada. No obstante, el problema fundamental ha sido siempre la detención indefinida sin acusación ni juicio, que en sí misma es una forma de tortura.