Washington, 17 agosto.— La defensa del antiterrorista cubano Gerardo Hernández Nordelo, prisionero en Estados Unidos, presentará el lunes ante la Corte Federal del Distrito de Miami, Florida, una nueva petición para que su condena sea revocada.

El abogado Martin Garbus presentará el 20 de agosto un recurso que apoya la figura jurídica denominada hábeas corpus, en la cual se exige el derecho de Hernández a comparecer ante un juez para que resuelva si su arresto fue legal, informó la página digital del Comité Nacional por la Liberación de los Cinco.

Refiere el texto de 90 páginas que el Gobierno estadounidense incurrió en mala conducta al pagar millones de dólares a periodistas de Miami durante el juicio ocurrido en 1998, para influir negativamente en el resultado.

Si la jueza Joan Lenard no revoca la condena de Hernández, el recurso legal solicita la difusión de documentos oficiales que, a su juicio, demuestran la existencia de esos pagos.

Asimismo, reclama la convocatoria a una audiencia pública donde denunciar lo que la defensa considera una operación ilegal y secreta de Washington.

El conocimiento de los pagos del gobierno a periodistas supuestamente "independientes" fue revelado por primera vez en un artículo del diario The Miami Herald, el 8 de septiembre del 2006, recordó el sitio digital.

De acuerdo con el documento, cada dólar de cada artículo, imagen, radio o televisión que se gastó en este programa secreto viola la integridad del juicio.

Hernández, junto a Fernando González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y René González, conocidos mundialmente como Los Cinco, fueron condenados en Estados Unidos por monitorear las acciones terroristas de grupos anticubanos asentados en el sur de Florida.

De ellos, Gerardo purga las condenas más severas, dos cadenas perpetuas y 15 años de privación de libertad.

Numerosas personalidades internacionales, asociaciones civiles y representantes gubernamentales los han defendido y reclaman su liberación inmediata. En una lucha encabezada por el Comité y gracias a las múltiples solicitudes, amparadas en la Ley de Libertad de Información, se conoció que existe una profunda conexión entre el gobierno de Washington y los periodistas implicados.

Miles de páginas de contratos prueban que el Buró de Radiodifusión del Gobierno, la agencia que dirige a la ilegal Radio y TV Martí, empleó a un equipo de reporteros vinculados con el ala derecha de Miami.

También quedó al descubierto que se realizaron pagos por parte del gobierno de Estados Unidos por cerca de un millón de dólares a 27 periodistas. Se comprobó, además, que los artículos publicados antes y durante el juicio, estaban siendo pagados en secreto por el demandante en el caso, el gobierno de Estados Unidos.