Seis meses después, paradójicamente, la provincia marcha en el
grupo de los territorios más rezagados. Según informaciones
ofrecidas durante el pasado Periodo Ordinario de Sesiones de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, solo tenía un 7 % de ejecución
del marco financiero aprobado.
Las prioridades a este asunto, algo dispersas hasta ahora,
empiezan a integrarse en las últimas semanas, y es visible cierto
impulso, aunque todavía insuficiente de acuerdo con la importancia
del tema. De acuerdo con los análisis realizados, entre los
principales problemas se incluyen el desconocimiento por parte de
los posibles subvencionados de esta oportunidad, los inconvenientes
con los trámites para la documentación (que se diseñó simplificada
al máximo), atrasos con el tiempo para conformar los expedientes
(establecidos en un plazo de quince días), y falta de acometividad
por parte de todos los actores implicados (incluyendo Trabajo y
Vivienda).
Ante los diputados también se criticó la demora en la
contratación entre los subsidiados y las Dependencias Internas, lo
que demora la circulación del cheque.
Cualquier análisis, sin embargo, identifica entre los principales
factores de la lentitud, el exceso de cautela de los Consejos de
Administración Municipales (CAM), encargados de aprobar la ayuda en
el periodo de un mes. Esa prudencia en demasía resulta inexplicable
y no es la respuesta que procura el país.
Para Rosa María Segura, titular de la dirección de la Vivienda en
el municipio de Matanzas, uno de los peor ubicados en el territorio,
entre las causas que más inciden negativamente destaca que muchas
personas presentan expedientes para una conservación o reparación de
la vivienda y luego en la evaluación trasciende que en realidad se
trata de una construcción nueva, lo que exige la elaboración de un
proyecto y por consiguiente influye en el aplazamiento.
Admite que todavía hay desconocimiento acerca de esta facilidad,
y señala que algunos de los interesados no ostentan el título de
propiedad del inmueble como fundamento para recibir el beneficio del
subsidio.
Marlene Perdomo, vicepresidenta del CAM en el municipio cabecera,
confirma lo dicho sobre el posible exceso de cautela. "Hemos tenido
mucha preocupación a la hora de otorgar el subsidio y se ha indicado
hacer siempre una revisión minuciosa de todos los casos".
Que se le preste el mayor rigor a estos análisis para elegir
certeramente a quién le corresponde este financiamiento, es lógico,
pero ello no puede derivar en dilaciones desmedidas y
entorpecimientos injustificados.
Significó, además, que debe hacerse más énfasis para que la
población conozca al máximo los detalles de la facilidad, y de cómo
encauzar la petición, qué requisitos se piden...
No obstante, la responsabilidad en torno a esta labor divulgativa
no debe quedar en terreno ambiguo. ¿A qué instancia, sino a la del
propio gobierno territorial, beneficia más el correcto desarrollo de
este programa?
Con mayor agilidad que en otros territorios, el CAM en Limonar ha
otorgado alrededor de 30 subsidios. Según Iván Castro Rodríguez,
presidente del Consejo de la Administración, sin perder tiempo han
procurado ser lo más justo posible y han beneficiado a los casos
sociales más críticos, a quienes realmente lo necesitan.
No hay dudas: solo concientizando la enorme importancia que tiene
encauzar certera y ágilmente el financiamiento otorgado a cada
municipio, podrá aplicarse esta medida de la manera en que lo
requiere el pueblo, lo demanda el Gobierno, y se concibió en los
Lineamientos aprobados por el Sexto Congreso del Partido.