Las comunidades autónomas españolas de Andalucía, Asturias, País Vasco, Canarias y Cataluña, rechazan hoy los planes gubernamentales de dejar sin cobertura médica a unas 150 mil personas, en su mayoría inmigrantes en situación irregular.

Esas regiones aseguraron sin especificar el modo- que continuarán con la cobertura universal para atender a ese vulnerable sector, pese a que en la mayor parte del territorio español la red sanitaria pública desaparecerá para los migrantes indocumentados a partir del 1 de septiembre.

Conforme a los planes del Gobierno, los extranjeros que se encuentran en esa nación ibérica y no coticen a la Seguridad Social deberán abonar 710 euros al año a cambio de asistencia médica, mientras aquellos mayores de 65 años pagarán mil 864 euros.

De esa manera, los migrantes sin papeles tendrán que pagar una cuota mensual de 59,20 euros para recibir una cobertura completa en el Sistema Nacional de Salud, cifra que asciende a 155,40 euros al mes para los mayores de 65 años, en un contexto marcado por el desempleo y la crisis económica.

Ante tal situación, Andalucía, Asturias, País Vasco, Canarias y Cataluña, que aglutinan a más de la mitad de los indocumentados en España, alertaron sobre los problemas de salud pública que puede implicar la medida del Gobierno, por lo que han garantizado hasta ahora en sus territorios el servicio universal.

La reforma sanitaria en España forma parte de los severos recortes presupuestarios adoptados en julio por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, por valor de 65 mil de euros.