GERMÁN VELOZ PLACENCIA

En desafío a las regulaciones urbanísticas, a sabiendas o por desconocimiento, en la periferia de la capital provincial de Holguín un amplio grupo de personas se apropió de espacios bajo líneas eléctricas de alta tensión, construyó viviendas y creó parcelas de labranza y corrales.

Típica invasión de la franja de seguridad de la línea de 33 mil voltios.

La mayoría ignora los debates de especialistas médicos y técnicos de diversos países sobre los posibles daños que causan a la salud los campos electromagnéticos existentes en áreas de este tipo.

También pasan por alto peligros más tangibles. Recientemente un rayo impactó una torre de la línea de 110 mil voltios y derribó un aislador con el cable energizado. "La casa más cercana pudo incendiarse", comentó Dionisio Escalona Peña, jefe de una brigada de mantenimiento de redes.

En el ilegal asentamiento de La Yabita, viviendas ensambladas con la más amplia gama de materiales ocupan el mismo centro de la franja de protección, o servidumbre de paso, de la línea mencionada por Dionisio Escalona, es decir, los diez metros con 50 centímetros que existen a ambos lados del eje central marcado por la ubicación de las torres. Algunas están en los sitios donde los cables alcanzan la menor altura posible. Otras poseen amplios patios con tapias de ladrillo o cercas de cardona.

También impera el desorden en Cuatro Caminos, en la ruta a Guajabales. Sobresalen aquí ocho viviendas agrupadas al "amparo" de los cables. Una de las familias construyó su casa dos años atrás.

Próximo al lugar, paralelamente a la línea de 110 mil voltios, corre una de 33 mil. En el centro de la franja de seguridad de esta (diez metros de ancho), levantan una vivienda de ladrillos donde antes hubo un rancho de madera, declaró el cabeza de familia.

RESPONSABLES A LA VISTA

De acuerdo con el Decreto 177 del Consejo de Ministros (diciembre de 1992), las entidades de la Unión Nacional Eléctrica son responsables de las franjas de protección de las líneas. Al mismo tiempo, las faculta para aplicar multas y otras medidas a quienes desobedezcan las regulaciones dispuestas, labor que lamentablemente no cumplen.

Los ocupantes de esta casa prefirieron el sitio cercano a la torre de la línea de 110 mil voltios.

Indagaciones realizadas en la Empresa Eléctrica de Holguín, las cuales llevaron a contactos con asesores jurídicos y otros funcionarios, demostraron la ausencia de inspectores para asumir la tarea. En cambio, existe un grupo de estos dedicados a confrontar la fidelidad entre lo facturado y lo consumido energéticamente, lo cual comprende la lucha contra los fraudes.

Así, la carencia de verificadores con la tarea específica de actuar para impedir que las fajas de protección sean invadidas transformó en letra muerta la aplicación de las contravenciones, y estimuló las transgresiones con las cuales han convivido las autoridades del sector eléctrico.

La Dirección Municipal de Planificación Física no elude la responsabilidad cuando le mencionan las ilegalidades bajo las líneas eléctricas. Su directora, María Urbino, reconoció la falta de acciones enérgicas durante un largo periodo.

Unos 20 años atrás surgió La Yabita, dijo. "En diferentes momentos los ocupantes de las viviendas fueron apercibidos y multados, pero no exigimos la obligación de demoler como establece lo legislado".

Al analizar los hechos con mayor amplitud, recordó que la Empresa Forestal Integral holguinera, perteneciente al Ministerio de la Agricultura, tiene responsabilidad con lo sucedido en el área porque posee el patrimonio de la tierra y no lo protegió. "Ni siquiera ha completado el registro de viviendas construidas arbitrariamente", aclaró.

Maritza Vázquez Ricardo, directora municipal de la Vivienda, igualmente consideró que el mal no fue atacado al momento de aparecer y creó un posterior sentimiento de impunidad.

"Entonces, debimos trabajar unidos con Planificación Física, la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda, la Agricultura y otros organismos, como ocurre ahora con el proceso de reubicación de los residentes de La Yabita en un área que reúne las condiciones para ser urbanizada".

No hubo trabajo cohesionado antes, y el emprendido en los últimos tiempos, aunque superior, sigue presentando fisuras. Si los inspectores de Planificación Física, de la Vivienda y de cualquiera de los órganos responsables del orden territorial fueran más sistemáticos y combativos, es obvio que no habría construcciones bajo las líneas eléctricas.

El ejemplo indiscutible de falta de consulta entre esos órganos lo ofrece la vivienda construida en Cuatro Caminos en la franja de protección de la línea de 110 mil voltios, hecho citado en párrafos anteriores. Los moradores del inmueble de tipología 3 (paredes de ladrillos o bloques y cubierta ligera metálica) poseen el proyecto elaborado por un arquitecto de la comunidad y los certificados de adquisición de los materiales por concepto de ayuda, para reponer el inmueble derribado por el huracán Ike en el 2008. ¿A qué se debe haber ignorado las regulaciones que impiden construir en este sitio? ¿Por qué las autoridades no aprovecharon en aquel momento la oportunidad para reubicar la vivienda?

Resulta lógico preguntar ¿cuántos casos similares o parecidos existirán en la provincia? Lo visto en el municipio de Holguín es solo un botón de muestra, si tenemos en cuenta que la Empresa Eléctrica del territorio posee una extensa red de líneas de alta tensión que pasa por las cercanías de decenas de núcleos poblacionales.

VALLADAR CONTRA LAS INFRACCIONES

Con el propósito de unir esfuerzos y acciones, el Consejo de la Administración Provincial acaba de poner en vigor el Plan Integral de Enfrentamiento a las Violaciones de la Legalidad en los sectores estatal y privado, una herramienta que faltaba, según Archi Felipe Lam Ayala, vicepresidente (en funciones) que atiende la Construcción en el Gobierno del territorio.

Categóricamente, el documento afirma que el Poder Popular es el máximo responsable de la eliminación de las ilegalidades, identifica a los organismos estatales que intervienen en la tarea, dispone la actualización inmediata de la estrategia para el ordenamiento territorial y urbano, así como el análisis permanente de las medidas a aplicar de acuerdo con las características de los municipios.

Al amparo de unas 70 normas jurídicas vigentes, define los cronogramas de ejecución y plantea la coordinación y aseguramiento de las fuerzas y medios requeridos para llevar a cabo las acciones de demolición, la restitución del estado original a las instalaciones modificadas sin permiso, el establecimiento de sistemas de recorrido y fortalecimiento de la prevención y el combate a las infracciones en los barrios.

Entre otras cosas, exige a los tenentes de tierras la creación de estructuras organizativas y la disposición de las fuerzas y medios requeridos para evitar transgresiones en sus áreas y asegurar su correcto uso.

Este Plan Integral, enfatizó Archi Felipe, impulsa en primer lugar el rescate del orden, la disciplina y la exigencia a todos los niveles. Para cumplirlo, los funcionarios encargados tienen que asumir la discusión con los violadores y combatir las ilegalidades.