Campesinos de Honduras rechazaron este jueves el decreto de desarme en el Bajo Aguán (noreste) realizado por el Congreso Nacional, que se dio a conocer a través de un comunicado.

El corresponsal de teleSUR en Tegucigalpa, Dassaev Aguilar, informó que la medida se dio en el Congreso Nacional con 66 votos de 128 diputados, de los que estaban presentes 122.

El periodista reportó, que "los campesinos reclaman que hay más de 500 elementos de seguridad privada a las ordenes del terrateniente Miguel Facussé, y quieren que se le aseguren que ellos también van a ser desarmados".

Los agricultores alegan que el decreto refuerza a los escoltas que trabajan con los terratenientes, mientras que los representantes de los latifundistas no creen que haya eficacia en la medida tomada.

El oficio emitido por el Congreso, reza que "se prohíbe en el departamento de Colón la portación en lugares públicos o el transporte en vehículos de cualquier arma de fuego, aunque esté registrada".

El dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUC), Yoni Rivas, aseguró que "un desarme parcial que está blindando las operaciones de los guardias sicarios de los terratenientes y de lo que se había hablado era de un desarme general".

La medida tomada no incluye a las empresas mercantiles porque "para el funcionamiento de su actividad requieran el servicio de seguridad privada, la cual debe limitarse únicamente a los predios" donde trabajan o "a la parte exterior de los mismos".

El diputado Rodolfo Zelaya explicó que eso se refiere a "bancos y otras empresas particulares que tienen sus armas", e indicó que los guardaespaldas de los hacendados "tendrán que hacer un registro balístico".

Al mismo tiempo, el delegado de la empresa Dinant, una de las compañías propietarias de las tierras, Roger Pineda, expresó que "es difícil hacerse de una opinión clara respecto a si esa medida es adecuada para solucionar el problema".

Pineda, dijo que "la policía y el ejército deberían actuar de oficio para devolver la tierra a sus legítimos dueños, y lo que sí es que cualquier medida que se haga debe hacerse lo más rápido posible".

Por su parte, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) hondureño culpó al primer mandatario de ese país, Porfirio Lobo, y al presidente del Congreso, Juan Hernández, por las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Aguán.