Un juez federal del Estado de México ha dictado en la tarde del martes (madrugada en España) el procesamiento de cinco militares, entre ellos cuatro generales, por el delito de delincuencia organizada. La orden afecta a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez y al teniente coronel Isidro de Jesús Hernández. Los tres primeros en encontraban detenidos sin cargos desde hace 76 días por su presunta relación con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva, al que hubieran prestado protección en el pasado. Los mandos militares ingresarán en las próximas horas en un penal de máxima seguridad.

La detención el pasado mayo, en plena campaña electoral, de los tres generales por supuestos vínculos con el narcotráfico, generó una fuerte polémica y toda clase de especulaciones sobre su posible intencionalidad política. Las investigaciones contra los tres surgieron a partir de las declaraciones de diversos testigos protegidos, que habían trabajado para los hermanos Beltrán Leyva y cuyas imputaciones en otros casos en el pasado no fueron confirmadas posteriormente.

En estos meses la prensa mexicana ha apuntado como razón de los arrestos la posibilidad de enconos personales dentro de las Fuerzas Armadas, la existencia de un grupo de generales disconformes con la estrategia de guerra contra el narco ordenada por el presidente Felipe Calderón, e incluso una operación política para desacreditar al general Ángeles y apartarle de la élite militar que podría acompañar al próximo presidente de México

El general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare, nieto de un héroe de la Revolución mexicana, militar de gran prestigio y ex número dos de la Secretaría de la Defensa Nacional, participó el pasado 9 de mayo en un foro de seguridad organizado por la Fundación Colosio en San Luis Potosí a la que asistió el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y hoy virtual presidente, Enrique Peña Nieto En aquel foro, el general criticó públicamente la falta de objetivos definidos en la lucha contra el crimen organizado. "Me atrevo a decir que no tenemos estrategia de seguridad nacional", afirmó, y se pronunció a favor de desarrollar un plan coherente en ese combate "y no estar dando brochazos por diferentes circunstancias a través de líneas de acción que conducen a veces a la nada".

El general Dawe dirigió una división del Ejército en el Estado de Colima, en el Pacífico, una ruta clave en el tráfico de drogas al norte, y el general también retirado, Ricardo Escorcia Vargas, que fue a principios del sexenio de Calderón subjefe Administrativo y Logístico del Estado Mayor, se vio envuelto en un turbio asunto a finales de 2007 cuando comandaba la 24 Zona Militar. En aquel entonces militares y agentes de la Policía Federal Preventiva permitieron el aterrizaje de un avión cargado de cocaína procedente de Suramérica en el aeropuerto de Mariano-Matamoros, en el Estado de Morelos (centro del país), donde tanto los tripulantes como la droga desaparecieron. El avión estaba siendo monitorizado por la DEA. El general fue degradado pero más tarde fue exonerado y enviado al Estado de Sinaloa (oeste) como jefe de la Tercera Región Militar, cargo en el que solo duró dos meses pues en 2008 solicitó un año sabático.