WASHINGTON, 31 julio.— Cinco oficiales de alto rango en una agencia policial del Departamento de Justicia de Estados Unidos fueron acusados de negligencia en relación con el escándalo por tráfico de armas conocido como Rápido y Furioso.

Los imputados fueron removidos de sus cargos en el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, siglas en inglés) en la mayor repercusión administrativa hasta la fecha en un caso que perjudicó hasta al Fiscal General Eric Holder.

El informe inculpador fue difundido desde el Congreso federal por los legisladores republicanos Darrell Issa, de California, y Charles E. Grassley, de Iowa y presidente del Comité Judicial del Senado.

De acuerdo con los parlamentarios, los funcionarios -que no fueron identificados ante la prensa- "fallaron en la planificación de estrategias cruciales y cometieron errores operativos graves y de juicio".

La Operación Rápido y Furioso comenzó durante la administración de George W. Bush con el objetivo oficial de combatir al narcotráfico y en su primer año fue liderada por una oficina de la ATF con sede en Phoenix, Arizona (sur).

Con anterioridad, los mismos congresistas amenazaron con activar una moción de desacato contra el Secretario de Justicia, cada vez más comprometido en el trasiego de miles de armas hasta bandas delincuenciales en México.

Una organización que representa a los agentes fronterizos en Estados Unidos pidió también una medida contundente de la Corte Suprema que concluya con la remoción de Holder.

El Fiscal General es considerado principal responsable por la Rápido y Furioso, debido a la cual unas dos mil armas de fuego fueron traficadas hacia el exterior de Estados Unidos con la polémica justificación de rastrear el camino hasta los tenedores finales.