MADRID, 27 julio.— El Gobierno español tendrá que reformar el Código Penal para endurecer en medio de la crisis las sanciones contra el empleo irregular, el fraude fiscal y a la seguridad social, sostuvo hoy una fuente del Ejecutivo.

La vicepresidenta del gabinete de ministros Soraya Sáez de Santamaría confirmó que la administración del presidente del gobierno Mariano Rajoy quiere aplicar penas de entre uno y cuatro años de cárcel a gestores públicos que falseen datos y afecten las cuentas oficiales.

Recuperar la confianza y la credibilidad del país es el objetivo, explicó la funcionaria gubernamental.

Prestaciones sociales como la salud pública, la educación, subsidios a los desempleados y a los funcionarios estatales son cosa del pasado en medio de los ajustes neoliberales de Rajoy para reducir el déficit presupuestario.

En adición, el gobierno conservador recurre a medidas impopulares como el incremento de impuestos, mientras el ambiente de protestas caracteriza la actualidad española.

Ante este panorama y sin vislumbrar una salida a la crisis, los gobernantes conservadores pretenden penalizar contravenciones que hasta el presente son resueltas por la vía administrativa, se informó.