LAURA BÉCQUER PASEIRO

Está en el corazón de los motores que mueven la industria y en los cables que transportan la información del siglo XXI. Milenios después de que el hombre lo empleara por primera vez, el cobre es todavía uno de los tres metales más consumidos en el mundo, y un país tiene la suerte, o la desgracia, de tener las mayores reservas del metal.

De las diez mayores minas de cobre, cinco se encuentran en Chile: Escondida, Codelco Norte, Collahuasi, El Teniente y Los Pelambres. El país sudamericano es el principal exportador del metal con más de un tercio del total de la producción mundial.

La fiebre por el llamado oro rojo en el mercado internacional ha sido responsable en gran parte del crecimiento económico chileno. Sin embargo, dichas ventajas en el plano económico, han sido controversiales en el escenario político.

CUENTAS HISTÓRICAS POR PAGAR

En 1810, en el país austral se producían unas 19 mil toneladas de cobre al año, lo que permitió un acelerado avance en la industria. A inicios del siglo XX, gracias a los adelantos tecnológicos, Chile se ubicó a la vanguardia en la producción, pero el Estado recibía solo el 20 % de las ganancias. En un intento por aliviar la situación, se crearon en 1966 las Sociedades Mineras Mixtas con las empresas extranjeras en las cuales el Gobierno obtendría el 51 % de la propiedad de los yacimientos cupríferos.

Con la llegada al poder del Gobierno socialista de Salvador Allende en 1970, el escenario dio un giro de 180 grados. El 11 de julio de 1971, el Congreso aprobó por unanimidad la nacionalización de la Gran Minería del Cobre, plagada de empresas extranjeras. Como resultado se eliminaron las "utilidades excesivas" obtenidas debido a los bajos impuestos que abonaban, y fueron indemnizadas. La medida estremeció a las compañías norteamericanas Anaconda y Kennecott, que en su conjunto alcanzaron ganancias cercanas a los 4 000 millones de dólares.

Con la nacionalización del cobre se dignificó al pueblo chileno. Se le devolvía lo que le pertenecía, defendiendo así el derecho de disponer de sus riquezas y recursos naturales. Se logró, además, que las ganancias generadas por el metal rojo, cuya explotación estaba finalmente en manos estatales, fructificaran en beneficios para el país y toda la población; sobre todo para atender necesidades en esferas como la educación, la salud y la vivienda.

El Gobierno de la Unidad Popular en La Moneda activó las alarmas de Washington. El entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon (1969-1974) promovió un boicot contra el gobierno de Allende mediante la negación de créditos externos y la petición de un embargo al cobre chileno.

La presión norteamericana no cesó hasta la abrupta interrupción del proceso democrático el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas y Carabineros, con la complicidad de Washington, y que llevó al poder al general Augusto Pinochet.

Ni corto ni perezoso, el dictador declaró las "concesiones plenas" a las transnacionales extranjeras y abrió una vez más la caja de Pandora. Se volvía a la privatización, pero esta vez siguiendo las pautas dictadas por el modelo neoliberal.

Chile fue el laboratorio donde se ensayó dicha doctrina de saqueo. Durante el régimen militar se implementó una drástica política, que bajo las órdenes de un grupo de economistas norteamericanos, los llamados "Chicos de Chicago", promovió la economía de mercado y la descentralización del control de la misma. Fueron los tiempos del pseudo "milagro chileno", ya que si bien se registraron indicadores sociales propios del primer mundo, la nación se ubicó entre las más desiguales en cuanto a distribución de las riquezas.