Tras la rúbrica el 16 de diciembre de 2011 del acuerdo de la OMC
de aceptación de la membresía de Rusia, se concedieron seis meses
para finalizar el debate interno y la ratificación del mencionado
protocolo por las dos cámaras de la Asamblea Federal.
Los diputados comunistas se mostraron particularmente activos,
pues presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC)
que ponía en duda la correspondencia con la actual Carta Magna de
algunos artículos del protocolo de adhesión.
El TC finalmente negó la existencia de alguna contradicción y
reconoció la constitucionalidad del referido documento.
Rusia contará con un periodo de tránsito para la apertura de sus
mercados de dos a tres años y entre cinco y siete años en el caso de
esferas susceptibles como la industria automotriz, la agricultura,
la industria ligera y la de construcción de maquinarias agrícolas.
Además, el protocolo cuenta con un listado de 11 mil 500 tarifas
en 117 de los 150 sectores con que trabaja la OMC. En 39 de ellos,
incluidos oleoductos, ferrocarriles, transporte fluvial y la mayoría
de los servicios médicos, Rusia no asume ninguna obligación.
Sin embargo, el ministro ruso de Desarrollo Económico, Andrei
Belousov, admite que el presupuesto federal perderá 188 mil millones
de rublos (unos tres mil 670 millones de dólares) en 2013 por
reducción de pagos de aranceles.
Las referidas pérdidas llegarán en 2014 a 257 mil millones de
rublos (alrededor de siete mil 993 millones de dólares).
Al mismo tiempo, Belousov estima que con la entrada a la OMC
aumentará la actividad comercial y con ello la base impositiva rusa.
El economista Serguei Alexashenko opina que la decisión de
ingresar a la OMC fue meramente política, pues si se hubiera tomado
antes, Rusia contaría ahora con una economía y producción modernas.
Alexashenko considera que el consumidor será el ganador, pues
habrá productos más baratos al haber más competencia.
Pero Verónica Krasheennikova, directora del Instituto de
Investigaciones e Iniciativas de Política Exterior, advierte que con
el abaratamiento de los productos merma la calidad de éstos y
aumentan los riesgos de salud en el caso de los alimentos.