Un balance sobre la implementación de las normas para el otorgamiento de subsidios a personas naturales y de las comprobaciones efectuadas en los últimos meses a las comisiones municipales agrarias para chequear el cumplimiento de sus funciones respecto al Decreto-Ley 259 "Sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo", fueron centro del debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos durante su primera jornada de sesiones.

Según declaró la presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), hasta el cierre de junio se habían radicado 30 mil 580 casos de subsidio, a los cuales se les otorgó el 71 % del presupuesto destinado a estos efectos.

La mayoría de los beneficiados, señaló, son damnificados por eventos climatológicos severos, sector que constituye una prioridad para el país.

En cuanto al perfeccionamiento de las rutinas de esa institución para la óptima instrumentación del reglamento que atañe a la concesión de los financiamientos, el director jurídico del INV explicó que desde abril pasado todas sus instancias poseen una Cartilla Técnica de trabajo que especifica los procedimientos que deben seguir en su accionar.

"Con este método se busca una actuación uniforme de nuestras oficinas, al tiempo que se delimitan los márgenes para el proceder de los funcionarios vinculados a esa tarea."

Actualmente, el INV ha estudiado e identificado los principales elementos a evaluar para seguir perfeccionando este programa, entre los cuales figura lo referente a la transportación de los materiales de construcción adquiridos, la documentación técnica a presentar por los candidatos a obtener el subsidio, y cómo cubrir con el financiamiento otorgado las exigencias constructivas para las viviendas sismorresistentes.

En cuanto a la marcha de la entrega de tierras ociosas en usufructo, el director adjunto del Centro de Control de la Tierra, informó a los diputados que hasta el pasado 30 de junio se habían aprobado 173 mil 644 solicitudes, con lo que el total de suelo entregado asciende a un 1 millón 514 mil 341 hectáreas.

No obstante a ello, el directivo significó que aún existen deficiencias en el proceso, como las solicitudes aún pendientes por concluir su tramitación fuera de términos establecidos, los atrasos en la notificación de las resoluciones con la decisión adoptada a los solicitantes de tierra, los cambios realizados por los usufructuarios en la línea fundamental de producción pactada sin autorización alguna y los incumplimientos injustificados de los plazos acordados para poner en producción las tierras, sin que se alerte o tomen medidas.

Para solucionar esas problemáticas, el Ministerio de la Agricultura, de conjunto con la Comisión Nacional de Asuntos Agrarios, realiza controles integrales y sistemáticos en provincias y municipios, e implementa un sistema de capacitación para elevar la preparación de sus funcionarios, entre otras acciones.

Especial significación adquirió entre los diputados el cumplimiento de las relaciones contractuales entre los tenentes de tierra, sobre quienes descansa una parte importante de la seguridad alimentaria del país.

En ese sentido, el presiente de la Comisión, José Luis Toledo Santander, indicó que el adecuado cumplimiento de esos acuerdos no recae únicamente sobre la figura jurídica, sino que transita por la responsabilidad y aspiraciones individuales, que el jurista plasma en el contrato.