Un reconocimiento a la labor de la Fiscalía General de la República (FGR) y al Tribunal Supremo Popular (TSP) por la consecución de las recomendaciones del Parlamento con motivo de la rendición de cuenta de esas instancias en su último periodo ordinario de sesiones, fue dado por los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.

"Sin lugar a duda, se ha fortalecido el trabajo mancomunado entre ambos sectores, condición imprescindible en el contexto de la actualización del modelo económico cubano, expresó la diputada Yolanda Rosario Gómez, del municipio de Cabaiguán, Santi Spíritus.

Su trabajo constituye una garantía de justicia. Contamos con un Tribunal y una Fiscalía que responden a los intereses e ideales de nuestra nación, añadió Oscar Torres, diputado por la provincia de Granma.

Para dar respuesta a las recomendaciones de la Asamblea en su pasado encuentro (entre las que figuraron incrementar los niveles de exigencia y análisis en aras de imprimir mayor calidad en los procesos penales que se tramiten, garantizar y consolidar los niveles de celeridad alcanzados en la tramitación de estos y consolidar el trabajo de protección a los derechos de los menores de edad), la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular implementaron medidas que respondían no solo a esas sugerencias, sino que también actualizaban los modos de trabajo de ambas instancias.

De acuerdo con el presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro, los dos organismos se concentraron en fortalecer los estilos de trabajo e instituirlos como sistemas institucionales, y no como métodos separados.

"Faltaríamos a nuestro deber si no estuviéramos en el camino sugerido por la Asamblea, una institución que vela por los intereses del Estado y de los ciudadanos en general. No existe un mérito personal en el cumplimiento de estas medidas, ha sido una labor conjunta en que se ha constituido un sistema de trabajo adecuado al contexto nacional", explicó Remigio Ferro.

Entre los resultados alcanzados por el Tribunal Supremo destacan el avance en la aplicación de la informática a la actividad judicial, el incremento de acciones de capacitación de jueces y secretarios judiciales; y el mantenimiento del chequeo a las actividades de control, influencia y atención a las personas que cumplen sanciones o medidas penales sin internamiento.