Una pica en Bankia

SERGIO ALEJANDRO GÓMEZ

El rescate de Bankia, una de las cuatro mayores entidades financieras de España, ha salido más caro que poner una pica en Flandes. El Gobierno pretende inyectar cerca de 24 mil millones de euros para sanear las cuentas de ese banco, uno de los más involucrados en la especulación del sector inmobiliario.

Si entre los siglos XVI y XVII la Corona Española envió miles de costosos piqueros a contener la rebelión de las provincias que hoy conforman los Países Bajos, entonces parte de su imperio; el Ejecutivo de Mariano Rajoy intenta impedir con la intervención de Bankia, junto con otras de menor cuantía, una debacle de las finanzas ibéricas que arrastre consigo a toda la eurozona.

Ahora, como hace 300 años, el costo de la operación parece superar con creces los beneficios.

El anuncio a comienzos de junio de que Bankia necesitaría 19 mil millones extras para librarse de sus cuentas en rojo —que se sumarían a los 4 500 millones que ya había puesto el Estado en su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA)—, fue uno de los detonantes para que España solicitara a la Unión Europea (UE) un rescate de hasta 100 mil millones de euros destinado a su banca.

Mucho se especuló sobre de dónde vendrían los fondos para arreglar el desastre de la especulación financiera, principalmente la relacionada con el sector inmobiliario, pero finalmente Rajoy se vio obligado a lanzar un S.O.S. a sus socios europeos.

A finales de junio, desembarcó en la cumbre de Bruselas con un solo objetivo en mente: lograr la recapitalización directa de sus bancos por parte de la UE y sin intervención del Estado. Contra los pronósticos de los analistas, el grupo de los Veintisiete dijo que sí.

Pero la euforia se desvaneció cuando se supo que ese tipo de rescate deberá esperar por que el Banco Central Europeo tome el control sobre las finanzas de la eurozona y cree un ente regulador independiente, así como por la puesta en marcha del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), sustituto permanente del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que tiene carácter temporal. Fue un cubo de agua fría saber que esos cambios demorarían más de un año, toda una eternidad para España.

Por lo tanto, al menos el primer tramo de los 100 mil millones prometidos llegará por la ruta FEEF-Estado español, representado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Así, todos los españoles se convertirán en garantes de la deuda de los bancos y el dinero que llegue al país engrosará la deuda y el déficit público.

Además, como se ha hecho ley en el Viejo Continente, nadie consigue ayuda sin dar algo a cambio. En este caso, fue el sacrificio de toda la ciudadanía en forma de un recorte de 65 mil millones de euros, el mayor destrozo al gasto público en la historia de España.

El Ejecutivo de Rajoy intentó ocultar hasta último momento las exigencias de Bruselas y no se cansó de repetir que serían menos duras que las impuestas a Irlanda, Portugal y Grecia. Pero la verdad resultó ser muy distinta.

El tajazo de 65 mil millones implica nuevas afectaciones a sectores claves como salud, educación y empleo, así como un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 18 al 21 %, a pesar de que en su campaña proselitista el representante del Partido Popular (PP) prometió no tocarlo.

Estas nuevas medidas llegaron como una chispa en un polvorín y los españoles han salido una vez más a las calles a reclamar sus derechos.

En medio de las protestas por los duros recortes a los que se someterán los ciudadanos, muchos comienzan a preguntarse quiénes son los beneficiarios de sus sacrificios.

Y es aquí donde el ejemplo de Bankia, que será uno de los mayores beneficiados por el rescate público, resulta ilustrativo de "la gran estafa" que orquestan la clase política tradicional y la oligarquía financiera.

Bankia surgió en el 2010 tras la creación del BFA —una mega entidad financiera resultante de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorro de menor tamaño— y su objetivo era gestionar negocios puramente bancarios. Pero en medio de la vorágine de la especulación no tardó en hartarse de activos tóxicos provenientes del sector de la construcción.

El último balance de cuentas, presentado por su actual presidente José Ignacio Goirigolzarri hace un mes, arrojó que Bankia posee más de 40 mil millones de activos basura, más del doble que cualquier otra entidad financiera española. Una bomba de tiempo que está ahora en manos públicas.

Los mercados de valores no fueron indulgentes. Las acciones de esa entidad perdieron más de un 70 % de su valor desde su introducción en bolsa hace apenas un año, pasando de 3,75 euros a menos de un euro actualmente.

Con este descalabro no solo se afectaron grandes millonarios, sino también personas comunes y corrientes que convirtieron sus ahorros de toda la vida en acciones para lograr supuestos beneficios. Ese fue el caso de Elizabeth González, quién según El País perdió decenas de miles de euros, "más de lo que había ganado en diez años". "Vengo a buscar lo que me robaron. Siento vergüenza por mi país", aseguró durante una protesta protagonizada por cientos de personas en su mismo caso frente a la sede de Bankia.

Mientras, los verdaderos responsables de la catástrofe por la que pagarán todos los españoles permanecen impunes. Rajoy ha intentado por todos los medios evitar un "Bankiawate", pues los hombres claves de este caso están muy vinculados al PP. Rodrigo Rato, el último director de Bankia antes de su nacionalización, fue vicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar, y Miguel Blesa, exresponsable de Caja Madrid, es amigo personal del exmandatario conservador.

Sin embargo, ante la denuncia de algunos partidos políticos como Izquierda Unida, los sindicatos y el Movimiento 15-M, la Subcomisión de Economía del Congreso envió recientemente una citación para que los próximos 24 y 26 de julio estos personajes, junto a otra docena de implicados, den la cara ante la opinión pública.