La denominada IX Marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano determinó abandonar esta capital y retornar al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), donde resistirá una consulta a comunidades indígenas.

La movilización, contraria a la consulta para determinar la construcción o no de una carretera a través de territorio indígena, había arribado a la ciudad de La Paz con pocos originarios en sus filas y masiva presencia de políticos de la oposición y activistas medioambientales, tras desandar por más de 60 días.

Opuesta a una vía que acercaría servicios de educación, salud y comercio, entre otros, a comunidades del Tipnis, la caminata intentó desde su llegada ingresar por la fuerza a la Plaza Murillo, centro político del país, y luego permaneció en vigilia en La Paz por 14 días.

La marcha, que esgrimió la protección de territorios indígenas y la biodiversidad, así como el respeto a la Ley Corta que prohibió construir caminos por el Tipnis y lo declaró zona intangible, buscó la anulación de la ley de consulta, que determinaría si se construiría la ruta amazónica, además de otras demandas de corte político.

Los líderes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano decidieron la movilización a pesar de la anulación del contrato para construir la ruta entre Cochabamba y Beni, un proyecto demandado por varios sectores, incluso indígenas, para el desarrollo regional.

El Gobierno consideró que el proceso de la consulta es la única solución al conflicto por la posible construcción de una carretera por esa región, además de ser una figura enmarcada en la Constitución y los convenios internacionales.

Mientras pasaban los días y no prosperaba la protesta, varios integrantes de la marcha, como los indígenas del pueblo Chimán-Mosetén, suscribieron acuerdos con el Gobierno y decidieron retornar a sus comunidades, tras solucionar sus demandas.

El Ejecutivo prometió mejorar la producción de carne y leche, llevar médicos a las comunidades indígenas, realizar estudios con fines educativos, instalar antenas de telefonía y concertar una reunión con el Fondo Indígena, entre otros temas.

Otras organizaciones indígenas, como la Takana Amazónica de Pando, también firmaron acuerdos y anunciaron su alejamiento de la marcha, indicó Prensa Latina.

Los convenios establecen elaborar la Ley de Desarrollo Integral de la Amazonia, una Ley de Pesca y el pedido de mayor control estatal sobre el aprovechamiento aurífero en el Río Madre de Dios y la participación en los beneficios.

Tras la firma de acuerdos, varias personas fueron intimidadas y golpeadas por dirigentes de la caminata, funcionarios de la opositora alcaldía de La Paz y gente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia.

Entre la ira por los abusos de que fueron objeto por dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, algunos marchistas denunciaron que fueron traídos a la ciudad de La Paz con engaños.

Posteriormente, 45 corregidores del Consejo Indígena del Sur, el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure y la Subcentral Sécure llegaron a La Paz a respaldar la Ley Consulta y dialogar con el Gobierno.