Josu Erkoreka dibujaba en pocas palabras la sensación de flashback que inundó irremediablemente el Congreso esta mañana negra. El Mariano Rajoy de hoy se parecía mucho, muchísimo, al José Luis Rodríguez Zapatero del 12 de mayo de 2010, cuando el entonces presidente del Gobierno anunció el que se dio en llamar el mayor tijeretazo social de la historia de España.

Las palabras se quedaron esta mañana cortas para definir el brutal hachazo que el Gobierno del PP asesta al "Estado del bienestar" español. De hasta 65.000 millones de eurosen dos años y medio, casi cinco veces más del aplicado por Zapatero en 2010 (15.000 millones).

Con castigos tan impopulares como la subida del IVA, la reducción de las prestaciones por desempleo, la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios públicos, la reordenación de las Administraciones Públicas, el ajuste adicional de 600 millones de euros en los ministerios, otra merma a las ayudas a partidos y sindicatos, la reforma de las pensiones o el alza de los impuestos medioambientales.

Pero ese espectacular recorte quedó revestido con la misma letanía que acompañó también al discurso del anterior jefe del Ejecutivo: no hay más salidas, esto es lo hay que hacer, no se puede hacer otra cosa. Y aún más: Rajoy reconoció que España está tutelada, sin manos libres, sin autonomía. Intervenida, a fin de cuentas, aunque en ningún momento empleó esa palabra: "Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas".

El presidente tuvo también que asumir que ha devorado por completo su programa electoral. "No disponemos de más ley ni de más criterio que el que la necesidad nos impone. Hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no. Yo soy el primero en estar haciendo lo que no me gusta".

La retórica dramática, churchilliana, centrada en la cultura de los esfuerzos sin cuento con la esperanza de una recuperación sin fecha, hizo de puesta en escena del anuncio de una batería de medidas que el propio Rajoy asumió que "no son agradables" y "duelen a cada persona", pero que sí son "imprescindibles".

El presidente tardó en entrar en materia, intentando retrasar el sinsabor del relato de los ajustes obligados por la Unión Europea y motivados por el desbocamiento del déficit -3,41% del PIB hasta mayo, nueve milésimas menos del tope de todo el año, 3,5%-. Lo prologó con la información del Consejo Europeo y de los acuerdos alcanzados con los países del euro. Después desenfundó el cuchillo y desembuchó medida tras medida de forma rápida, con gesto serio, como en su día hizo Zapatero. Entre ellas:

-Modificación de la prestación por desempleo: seguirá durando un máximo de 24 meses, y se mantendrá el importe actual durante los primeros seis meses. Pero a partir de entonces, y con el objetivo teórico de "animar a la búsqueda activa de trabajo", los que se sumen a la cola del paro verán menguada su prestación a partir del sexto mes del 60% al 50% de la base reguladora.

-Subida del IVA, con caracter inmediato, de tres puntos en el tipo general (del 18% al 21%). El tipo reducido crecerá del 8% al 10%. Se mantiene el superreducido, para los alimentos de primera necesidad, en el 4%.

-Aceleración de la entrada en vigor de la reforma del sistema de pensiones (retiro a los 67 años) y de la jubilación anticipada.

-Subida de los impuestos del tabaco.

-Introducción de la fiscalidad medioambiental, bajo el principio, ha dicho, de "quien contamina, paga".

-Rajoy ha anunciado una "revisión integral de la función pública" que realmente esconde un empeoramiento profundo de las condiciones de los funcionarios. Se les reducirá el número de días de libre disposición, se "ajustará" el número de liberados sindicales según lo previsto en la ley, se "equipararán condiciones de incapacidad a las del resto de trabajadores", se facilitará su "movilidad". Pero además se les quitará la paga extra de Navidad por lo menos hasta 2015 (a partir de entonces, se les compensará como aportación de fondo de pensiones). También dejarán de cobrar esa extra los altos cargos, según aclararon después fuentes del Ejecutivo.

-El "esfuerzo" pedido a los funcionarios será "compartido" por altos cargos de la Administración central, de la autonómica y local, y también por "diputados y senadores". Se anticipa así ya un nuevo recorte de sus sueldos.

-Se reducirán ya en lo que queda de 2012 los créditos a subvenciones, gastos corrientes y transferencias. Pero el año próximo, las ayudas a partidos, empresas y sindicatos mermarán un 20% más, cuando ya en este ejercicio habían decrecido en la misma cantidad. El tajo en el gasto ministerial en 2012 será de 600 millones de euros.

-Se recortará en un 30% el número de concejales. Se aplicará una "drástica reducción" o eliminación directa de las empresas y fundaciones públicas en el ámbito local para evitar "duplicaciones o triplicaciones de servicios".

-Leyes de unidad de mercado y de flexibilización de los horarios comerciales.

-Privatización de Renfe, puertos y aeropuertos.

"Nos encontramos en una situación extraordinariamente grave y es preciso corregirla con urgencia", reforzó Rajoy. "Tenemos que salir de este atolladero y necesitamos hacerlo cuanto antes. Y aquí no caben ni fantasías ni ocurrencias. Porque no hay mucho que escoger: o reducir los gastos o aumentamos los ingresos, o si no nos queda más remedio, hacemos ambas cosas".

Y su Gobierno las va a aplicar. Aunque le suponga por delante hacer estallar las costuras del Estado.

El pleno recibió con profundo malestar el discurso de Rajoy. El rumor fue creciendo de menos a más, según el presidente soltaba, una tras otra, medida dura tras medida dura. Al final, entre el aplauso de su bancada, se oyeron gritos de la oposición: "¡Dimisión, dimisión!".