El Parlamento de Rumanía votó a favor de revocar al presidente centroderechista,Traian Basescu, acusado por haber violado la Constitución. De un total de 432 senadores y diputados, 256 votaron por la destitución de Basescu.

La destitución de Traian Basescu sólo será definitiva si se aprueba en un referéndum previsto el próximo 29 de julio. Hasta entonces el presidente interino será Crin Antonescu, el líder de la Unión Social Liberal (USL). Esta coalición llegó al poder en mayo tras una moción de censura.

Según la coalición, Basescu habría ejercido poderes de otras instituciones para imponer "medidas de austeridad que empobrecen a la población".

Sin embargo, Basescu rechazó estas acusaciones y denunció un intento de la USL de "controlar todos los resortes del Estado y en particular la justicia". El presidente también advirtió del riesgo que supone este voto para "la estabilidad y la reputación del país".

La gran popularidad que tuvo Traian Basescu durante años empezó a declinar en 2010, cuando adoptó un duro plan de ajustes económicos. Inquietud de Alemania y la Comisión Europea

Por otra parte, en un dictamen consultivo, el Tribunal Constitucional indica que el presidente incumplió algunas de sus prerrogativas pero no menciona violaciones graves de la Constitución. Según la ley fundamental rumana, el presidente sólo puede ser destituido en caso de "violaciones graves".

Alemania dijo este viernes estar "muy preocupada" por las modificaciones legislativas de gobierno del primer ministro Victor Ponta y dijo que se tendrían en cuenta a la hora de examinar la "plena adhesión" de Rumania al espacio Schengen de libre circulación en Europa.

Por su parte, la Comisión Europea expresó su preocupación "por las acciones que parecen estar destinadas a limitar los poderes de instituciones independientes como el Tribunal Constitucional".

En tan sólo cuatro días, la USL provocó la salida por sorpresa de los presidentes de las dos cámaras del parlamento, ambos en la oposición. Varias organizaciones gubernamentales, como el Comité de Helsinki o Freedom House, denunciaron la forma en que se desarrolló el procedimiento como "un ataque contra la democracia y el estado de derecho".

"Rumania seguirá siendo un país estable donde el Estado de derecho, la constitución, las normas europeas e internacionales serán respetadas", dijo el primer ministro Ponta para calmar las inquietudes europeas.