El Senado de California aprobó un proyecto de ley que trata de limitar las facultades de las autoridades policíacas del estado para cooperar con agentes federales en la deportación de inmigrantes ilegales.

El texto pasa ahora a la Cámara Baja, donde incluso sus oponentes dicen que es probable su aprobación, de ahí a la Oficina del Gobernador para su firma o veto, reporta Prensa Latina.

La legislación evitará que los inmigrantes ilegales sean detenidos y eventualmente deportados por delitos de poca envergadura, como infracciones del tránsito, y arrestos que no conlleven una acusación formal, informó el diario La Opinión de Los Ángeles.

La llamada Acta de la Confianza busca reformar el programa federal Comunidades Seguras (CS) para que sólo se aplique a las personas que han cometido delitos graves en California.

El CS obliga a la policía a tomar las huellas dactilares de los detenidos y enviarlas a las autoridades migratorias federales, lo que mina la confianza en la seguridad pública y sus agencias del orden, agrega el rotativo.

Bajo el programa de CS, más de 75 mil personas han sido deportadas de California desde 2009, de ellas, unas 32 mil acusadas de delitos menores.

La legislación aprobada establece parámetros para que los gobiernos locales no presenten a inmigración las huellas dactilares de una persona, a menos que esta tenga una condena por un crimen serio, y crea un modelo para contrarrestar el perfil racial inherente a la ley anti inmigrante de Arizona, agrega el periódico californiano.

La medida tiene el apoyo de la Conferencia Católica de California, el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, decenas de funcionarios locales y organizaciones comunitarias, pero es rechazada por representantes de los cuerpos represivos locales.