No
cesan las amenazas contra Estados Unidos, según las cúpulas. La
crisis económica europea, las tormentas eléctricas en el este, los
incendios en el oeste, drogas, migrantes, crimen y, por supuesto,
los extremistas de todo el mundo, pero también parece que el mismo
pueblo, que supuestamente está defendiendo, también es amenaza
potencial.
Cómo explicar que es el país más encarcelado del mundo y donde el
gobierno ha erosionado sistemáticamente los derechos civiles —a la
privacidad, a la libre expresión y a la libre asamblea pacífica,
entre otros—, bajo la justificación de mantener el sagrado orden
democrático que se encuentra, dicen, bajo amenaza de fuerzas
sospechosas, todas de alguna manera incluidas en una cada vez más
amplia definición de terrorismo.
Esto se ha utilizado en investigar y atacar a Wikileaks y al
soldado Bradley Manning, así como a incontables —aun muchos no
identificados— ciudadanos alrededor del mundo que fueron detenidos
en cárceles clandestinas. También para hostigar a gobiernos no
subordinados a Washington, entre ellos Cuba, Venezuela, Ecuador y
Bolivia. Pero más asombroso es que se ha utilizado cada vez más en
Estados Unidos contra ciudadanos. Se han infiltrado agrupaciones
opositoras a las guerras de George W. Bush, y ahora de Barack Obama,
contra periodistas que se han atrevido a publicar filtraciones sobre
el manejo de estas guerras, contra migrantes y la comunidad
musulmana en este país, y más recientemente contra integrantes del
movimiento Ocupa. De nuevo, todo justificado para defender la
democracia en este país.
Uno de los mejores ejemplos de lo extrema que se ha vuelto esta
supervigilancia interna es lo reportado recientemente por un
periodista de Wire: la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) —la
oficina federal de espionaje más poderosa del gobierno— rehúsa
informar a dos poderosos senadores federales a cuántos
estadounidenses les ha intervenido sus comunicaciones, porque,
explica en una carta en respuesta a los legisladores, eso en sí
violaría la privacidad de los estadounidenses. O sea, quienes en el
gobierno atropellan activamente la privacidad de los ciudadanos, al
intervenir de manera clandestina sus comunicaciones, no pueden
informar al Congreso sobre sus actividades, ya que ello ¡violaría la
privacidad! David Sirota explica en Truthdig que los senadores solo
solicitaron una aproximación sobre el número de personas que tienen
sus comunicaciones intervenidas por la agencia, no los nombres, pues
se ha reportado que la NSA ha realizado un programa masivo de
intervención de comunicaciones de millones de ciudadanos desde el
2001.
Esta explicación, de que para vigilar y defender los derechos del
pueblo estadounidense se están violando las mismas garantías, es,
para Sirota, casi más extraordinaria que la famosa frase de la era
de la guerra de Vietnam, cuando un joven periodista, Peter Arnett,
de Ap, preguntó a un oficial estadounidense por qué se ignoró la
gran posibilidad de bajas civiles al atacar un pueblito vietnamita,
quien le respondió que se volvió necesario destruir el pueblo para
salvarlo.
Después de por lo menos un billón de dólares gastados y cientos
de miles de muertos —incluidos miles de estadounidenses— en estas
guerras y operaciones de defensa de Estados Unidos desde el 11-S
(los costos de las guerras en Irak y Afganistán podrían llegar a
entre tres y cinco billones de dólares, según algunos cálculos),
resulta notable que un estadounidense corre un riesgo de 0.001 % de
ser víctima de terrorismo, reporta la revista The Atlantic —es
decir, de los 13 288 muertos por ataques terroristas el año pasado,
17 eran civiles estadunidenses. De los 978 secuestros relacionados
con el terrorismo el año pasado, solo tres rehenes fueron civiles
estadounidenses (0.003 %). De hecho, donde se logra identificar la
afiliación religiosa de las bajas por actos de terrorismo, los
musulmanes sufrieron entre 82 y 97 % de las muertes relacionadas con
terrorismo. Todo esto según datos oficiales del gobierno
estadounidense, reporta Micah Zenko, especialista en estos asuntos,
en la revista.
De hecho, Zenko y sus colegas, en un informe para el Consejo de
Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), reportan que
desde el 11-S un total de 238 estadounidenses han muerto en
atentados terroristas, o sea, un promedio de 29 por año. Señalan que
para poner esto en contexto, el estadunidense promedio tiene la
misma probabilidad de morir aplastado por sus televisores o muebles
que de fallecer a manos de un terrorista. Agregan que desde el 11-S,
en este país se han registrado casi 150 mil homicidios y 300 mil
suicidios. De hecho, afirman que este país vive en un mundo con más
seguridad y menos conflictos violentos que en cualquier otro momento
de la historia humana. Por ello, argumentan, todo eso revela la
inflación de amenaza que prevalece en Washington y una exageración
crónica de amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos en el
discurso oficial.
No es nada nuevo que las cúpulas políticas inflen las amenazas
para lograr lo que desean. Noam Chomsky lo ha documentado una y otra
vez, recordando que lo que más temen las cúpulas es a su pueblo y
que para promover medidas contrarias a la voluntad popular siempre
recurren a generar temor. Eso se ha empleado para justificar guerras
e intervenciones desde hace décadas, primero con el uso de la
amenaza comunista y en los últimos años con la del terrorismo. En
1947 un senador que presidía el Comité de Relaciones Exteriores
aconsejó al entonces presidente Harry Truman cómo lograr su deseo de
financiar fuerzas anticomunistas en Grecia y Turquía: Asuste de
manera endemoniada al país.
Ahora, al parecer, esa cúpula (tanto la política como la
económica) está dispuesta a emplear dicha lógica dentro de la
respuesta del oficial en Vietnam, pero ahora aplicada aquí: para
salvar a este país de estas amenazas a veces será necesario
destruirlo. (Tomado de La Jornada, de México)