"Lo que estamos pidiendo a Obama es poco", ha asegurado
Alarcón en una entrevista a Europa Press en Madrid, al destacar que
"los argumentos" sobre los errores cometidos durante el juicio "no
los da Cuba, sino las propias instancias norteamericanas".
El grupo de ‘los cinco’ está conformado por Gerardo Hernández,
René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González
Llort. Todos ellos fueron detenidos por el FBI el 12 de septiembre
de 1998 en Estados Unidos, donde han sido acusados –entre otros
delitos– de "conspiración para cometer espionaje" a favor del
gobierno de Cuba. Actualmente cumplen condenas que van desde los 18
años de cárcel hasta la prisión perpetua.
Desde entonces, Cuba ha emprendido una batalla legal para lograr
la excarcelación de estos hombres a los que considera "héroes" y
"presos políticos". El argumento de La Habana es que ‘los cinco’
estaban infiltrados en organizaciones disidentes para descubrir los
atentados que tenían previsto activar contra la isla y desmienten la
versión de que su objetivo era espiar al Gobierno de Washington.
Sólo uno de ellos, René González, ha sido excarcelado pero deberá
permanecer en Estados Unidos hasta el año 2014 bajo el régimen de
libertad supervisada. Cuba está agotando ahora la vía del
procedimiento extraordinario mediante la solicitud de los habeas
corpus, que son los últimos recursos legales que tiene a su
disposición, ha confirmado el titular del parlamento.
Alarcón ha recordado que la jueza Joan Lenard, que llevó el caso
de ‘los cinco’, "varias veces se quejó de la conducta de los
periodistas en la sede del tribunal, varias veces dijo que el jurado
se sentía atemorizado por los periodistas, que tenían miedo". Por
este motivo, los habeas corpus se fundamentan en el hecho de que la
prensa incidió en el juicio que se llevó a cabo en Miami.
"Si la misma jueza reconoce que hay un ambiente de ilegalidad y
amenazas, ¿cómo no pide que se anule ese juicio?", se ha preguntado.
En este contexto, el fiscal general de Estados Unidos durante el
Gobierno de George W. Bush, Alberto González, pidió que se retirara
a Gerardo Hernández el cargo de conspiración para cometer asesinato,
por su supuesta participación en el derribo de dos avionetas de la
organización de extrema derecha Hermanos al Rescate.
Asimismo, la Corte de Apelaciones de Atlanta "declaró nulo y sin
valor el juicio" contra ‘los cinco’ alegando que se realizó en un
"ambiente de hostilidad creado por los medios", sin embargo, destaca
Alarcón, en ese momento no se sabía que esa "tormenta perfecta"
había sido "financiada con el presupuesto federal".
"Tomando en cuenta todo esto, Obama puede pedir que se vayan a
sus casas" mediante un indulto, ha insistido. "Debería hacerlo pero
el problema está en crear las condiciones que hagan que para él (Obama)
sea lo más conveniente hacerlo y parte de eso es continuar con la
batalla legal" para poner en evidencia las irregularidades, ha
destacado el jefe del Parlamento.
Los "argumentos" con los que cuenta el mandatario estadounidense
para indultar a ‘los cinco’ "no los da Cuba, sino las propias
instancias norteamericanas", ha reiterado Alarcón, uno de los
hombres fuertes del Gobierno de Raúl Castro.
En caso contrario, Cuba debe esperar por la decisión del Supremo
en torno a los recursos introducidos por vía del procedimiento
extraordinario, pero Alarcón ha admitido que "las expectativas no
son tan prometedoras" porque "es muy raro que un acusado haya
logrado ganar un habeas corpus" en Estados Unidos.
ERRORES DE LA DEFENSA
Alarcón ha reconocido que en el momento del juicio –que se
celebró entre los años 2000 y 2001– la defensa cometió algunos
errores porque "no pidió la anulación del juicio" una vez que la
propia jueza Lenard de quejó del comportamiento de los periodistas
frente al jurado que condenó a ‘los cinco’.
Ahora, lo que Cuba pide es que se "entregue la documentación
completa de quiénes eran los periodistas, cuánto les pagaban (las
autoridades de Estados Unidos) y que convoque ante el tribunal a las
personas vinculadas a los medios de prensa de Miami" que serían unas
80, ha precisado.
La mayor preocupación para el Gobierno de Castro es el caso de
Gerardo Hernández, quien "no fue defendido de una manera eficaz"
porque "el abogado" de oficio que se le asignó "cometió varios
errores fundamentales", lo cual Alarcón comprende porque se trata de
un caso "muy complicado y muy complejo".
"El error fundamental fue el enfoque" porque el abogado "debió
haber solicitado que Gerardo fuese juzgado por separado por
conspiración para cometer asesinato en primer grado" que es el cargo
relacionado con su supuesta implicación en el derribo de las
avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, ha precisado.
El cargo de "conspiración para cometer asesinato en primer
grado", ha explicado, fue agregado siete meses después de que
comenzara el juicio y se "mezcló" con el caso de los otros cuatro,
lo cual le limitaba en muchos aspectos de su defensa.
Todo esto se hizo "después de que en la prensa de Miami se
reportaran reuniones del jefe del FBI con jefes antirrevolucionarios
y de Hermanos al Rescate que le pedían que agregara ese cargo", ha
afirmado.
Sin embargo, recuerda Alarcón, "la propia Fiscalía (en Estados
Unidos) en mayo de 2001 reconoció que no había podido probar ese
cargo" contra Hernández, en consecuencia, "es una acusación absurda
porque ni Gerardo es piloto ni trabaja en la Fuerza Aérea Cubana ni
estaba en La Habana".
Las avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas en el año
1996. La discusión se centra en el lugar de los hechos y en la ayuda
que habría proporcionado Gerardo. Cuba ha mostrado pruebas de que
todo ocurrió en su espacio aéreo, pero Estados Unidos alega que fue
en una zona internacional, lo cual no ha podido probar porque "se
niega a entregar las imágenes" del satélite.
"La única condición que yo puedo sacar que ellos saben que el
incidente ocurrió dentro del espacio cubano y por tanto nada de esto
tiene sentido", ha aseverado.
Por otra parte, La Habana ha insistido en que Gerardo Hernández
nunca les proporcionó información acerca del sobrevuelo irregular
que hicieron las aeronaves. "Es imposible una relación de él con eso
y eso lo dice la Fiscalía cuando pide retirar ese cargo", pero
Gerardo "fue condenado por algo de lo que no era acusado y encima de
eso le impusieron la pena máxima", la cadena perpetua.
El hecho de que Gerardo Hernández –quien era considerado el jefe
de la supuesta red de espionaje– fuese acusado de conspiración para
cometer asesinato, perjudicó a sus cuatro compañeros porque eso
suponía que "trabajaban bajos las órdenes de un asesino", aunque
ellos no habían sido imputados por ese delito.