LA PAZ, 28 de junio.— El ministro de Gobierno boliviano, Carlos
Romero, señaló hoy que ninguna movilización podrá impedir que se
apliquen la Constitución Política del Estado y los instrumentos
jurídicos adoptados por la comunidad internacional sobre los
derechos de los pueblos indígenas.
Romero reafirmó, en conferencia de prensa en el Palacio de
Gobierno, la ineludible obligación estatal de implementar el proceso
de consulta sobre la construcción o no de una carretera por el
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), a la
cual se opone una marcha que arribó a esta capital.
La novena marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas del
Oriente Boliviano, integrada por pocos habitantes del Tipnis y
muchos representantes de otros sectores, entre ellos partidos
políticos de oposición, adelantó que permanecerá en La Paz hasta
tanto consiga que el Gobierno abrogue la Ley 222 de Consulta Previa
a los habitantes del referido parque nacional.
Romero explicó que ese escenario está dado en el cumplimiento de
la Constitución y los dos instrumentos jurídicos vinculantes
adoptados por la comunidad internacional sobre el tema, a saber el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas del 2007.
Ambos tratados internacionales, acotó, reconocen los derechos
colectivos de los pueblos indígenas a nivel internacional, los
cuales son de obligatorio cumplimiento para los estados que los han
suscritos, como es el caso de Bolivia.
Romero subrayó que la Constitución Política de Bolivia toma como
base el Convenio 169 de la OIT para establecer en uno de sus
artículos a la consulta como un derecho de los pueblos indígenas y
una obligación estatal.