LA PAZ, 27 junio.— Campesinos, indígenas, mujeres, mineros, obreros, juntas vecinales y otros sectores sociales marcharon hoy desde varias partes de Bolivia en esta capital contra los intentos de golpe de Estado y en defensa del proceso de cambio.

Venidos desde la lejana Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, o a pie desde la combativa ciudad de El Alto, los marchistas por la democracia y la continuidad del proceso de cambio coreaban a su paso consignas de apoyo al presidente Evo Morales y de rechazo a los intentos golpistas que se parapetaron detrás de una protesta policial.

Las organizaciones sociales reafirmaron su apoyo incondicional al proceso de transformaciones sociales en el país, la democracia y el gobierno de Morales y realizan una vigilia en la capitalina Plaza Villarroel, inundada este miércoles por los defensores del proyecto social que lidera el mandatario boliviano.

Agrupaciones como las confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa, las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, Juntas Vecinales, y otras organizaciones sociales bolivianas constituyeron un Comité de Defensa de la Democracia y el proceso de cambio en Bolivia.

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, denunció en conferencia de prensa la complicidad de los opositores Movimiento Sin Miedo y Unidad Nacional en el intento de golpe de Estado gestado a la sombra de la movilización de policías de baja graduación.

El gobierno boliviano y los agentes amotinados desde la semana anterior llegaron a un acuerdo este miércoles, el cual debe superar el conflicto en demanda de una mejora salarial.

El motín se inició el jueves anterior cuando un grupo de 30 agentes de baja graduación con pasamontañas y 10 mujeres de la organización de Esposas de Policías tomaron la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, desde entonces cuartel general de los sublevados.

Los revoltosos pidieron nivelar sus salarios con los de las Fuerzas Armadas, jubilación con el último sueldo y abrogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario.

García Linera, también presidente de la Asamblea Legislativa, acotó que los políticos infiltrados se aprovecharon de una demanda legítima de carácter económico de los policías para llevar la situación a fases escalonadas de golpe de Estado contra la democracia.

Mencionó al menos seis elementos que demuestran se intentó alterar el orden constitucional en el país, a partir de la movilización de uniformados, influenciados por actores políticos de la derecha.

Entre ellos destacó la ruptura del Estado democrático por parte de la Policía, toma de instituciones, parálisis del funcionamiento del Gobierno y ataques dinamiteros a la Asamblea Legislativa y el Palacio de Gobierno.