El juicio sumarísimo en Paraguay que terminó con la destitución del presidente Fernando Lugo sigue siendo este martes objeto en Venezuela de denuncias y críticas que lo califican de golpe de Estado.

El 21 de junio último, la Cámara de Diputados de esa nación disparó los cuestionamientos en el área al aprobar la realización de un proceso político contra el dignatario, bajo el pretexto de un enfrentamiento en el que murieron 11 campesinos y seis policías.

Aunque el mandatario ordenó la militarización de esa zona, separó de sus cargos al ministro del Interior, Carlos Filizzola, y al comandante de la Policía, Paulino Rojas, y anunció la creación de una comisión especial investigadora, el Congreso insistió de todas formas en juzgarlo.

La sanción, considerada definida de antemano, se concretó el viernes pasado, cuando el Congreso dio el visto bueno a la deposición de Lugo y puso en su lugar al vicepresidente, Federico Franco, quien hizo frente a muchas políticas del exgobernante.

Primero realizó su pronunciamiento el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, quien desde Asunción definió como acto bochornoso el proceso emprendido por el Congreso de ese país.

El funcionario, quien visitó la capital paraguaya como parte de una comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para coadyuvar a la resolución de la crisis, denunció la imposibilidad de defensa del jefe de Estado.

Prefirieron ir hacia una nueva modalidad de golpe de Estado, supuestamente constitucional y apenas a nueve meses de las elecciones; tomaron una decisión apresurada, en la que han violado todos los procesos de defensa, dijo Maduro.

A pocas horas del suceso, el dignatario Hugo Chávez, afirmó que su país no reconocía al gobierno ilegal e ilegítimo instalado en Paraguay, y lo insertó en lo que a su juicio- constituye una estrategia de Washington y las oligarquías locales para detener el proceso de cambios en el área.

De hecho, cables diplomáticos revelados por el portal Wikileaks corroboran que desde 2009 la oposición legislativa en Paraguay buscaba formas para destituir a Lugo quien resultó electo en 2008.

Esa burguesía arrodillada a los intereses del imperio (Estados Unidos) ha defenestrado de manera ilegal al presidente legítimo, de un día para otro, ya la sentencia estaba elaborada, declaró Chávez desde el capitalino Palacio de Miraflores.

A pocos minutos de recibir al Jefe de Estado de Irán, Mahmud Ahmadinejad, sostuvo que esa acción del Congreso no sólo golpea a Lugo, sino a la historia paraguaya y a Unasur, un bloque que aúna a países como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela.

Dos días después, en el acto de conmemoración del aniversario 191 de la Batalla de Carabobo, pieza clave en las luchas independentistas de esta nación, anunció que retiraría al embajador y suspendería el envío de petróleo a Paraguay.

Organizaciones políticas como el Partido Comunista y el gobernante Socialista Unido de Venezuela se sumaron la víspera a la voz de condena contra un propósito antiguo, que quiere horadar los avances latinoamericanos en el ámbito integracionista.

El golpe instrumentado por Washington y los sectores de la derecha trata de impedir la continuidad en América Latina y el Caribe del proceso de integración, unidad e independencia, aseveró el secretario general de los comunistas, Oscar Figuera.

Los capítulos venezolanos de instancias legislativas como el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y el Indígena de América ya habían denunciado, incluso antes de consumarse el hecho, las maniobras de sectores de derecha contra un gobierno de signo popular como el de Lugo.

Este martes, el presidente del Parlatino, Rodrigo Cabezas, volvió sobre esa postura y subrayó la reacción generalizada de América Latina en rechazo a las acusaciones contra el exmandatario paraguayo y un juicio que violó el debido proceso.