Estados Unidos destinó fondos de 20 millones de dólares a
promover programas de subversión en Cuba, dedicados fundamentalmente
al suministro de tecnologías, denunciaron hoy aquí medios de prensa.
Una carta del Departamento de Estado al Congreso, fechada el 26
de abril pasado y reproducida por medios de prensa norteamericanos,
detalla la finalidad del dinero durante el año fiscal que concluye
el próximo 30 de septiembre.
El objetivo de ese fondo público, apuntó el sitio digital
Cubadebate, no es beneficiar al pueblo, sino reforzar con acceso a
tecnologías a individuos que respalden la política de "cambio de
régimen en la isla", facilitando servicios de red e instrumentos
solo a colaboradores identificados para estos fines.
Los fondos serán administrados por tres entidades del
Departamento de Estado: la Oficina de Latinoamérica y el Caribe (LAC)
de la USAID; la Oficina de la Democracia, los Derechos Humanos y el
Trabajo (DRL); y Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA).
El mayor bloque individual de dinero es de cuatro millones, los
cuales serán empleados por LAC en un programa de "democracia
digital" para estimular el uso de "tecnología innovadora", según
señaló la carta.
El texto no ofrece detalles sobre los destinatarios del dinero y
las tecnologías, "para proteger a los programas de los intentos de
Cuba por pararlos", aunque un empleado del Congreso enterado del
caso precisó que estimulará el suministro de computadoras, DVDs,
unidades USB y teléfonos celulares.
WHA recibió una asignación de un millón 530 mil dólares para un
programa de "entrenamiento a distancia sobre habilidades básicas
para la información tecnológica".
La DRL tiene más de un millón de dólares para proporcionar
entrenamiento, equipos y software a individuos que recopilan
información sobre supuestos abusos contra los derechos humanos, que
ninguna otra fuente verifica.
La carta se hizo pública dos días después de la decisión de los
países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA) de expulsar a la USAID de sus territorios, por constituir "un
factor de perturbación que atenta contra la soberanía y estabilidad
política" de esos países, informó PL.