La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en Naciones Unidas, repudió este lunes el golpe de estado institucional en Paraguay y condenó la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo.

Una declaración difundida aquí, firmada por Vanessa Ramos, presidenta continental; Hernán Rivadeneira, secretario general, y Beinusz Szmukler, presidente del consejo consultivo, la AAJ califica de inaceptable lo ocurrido en ese país suramericano, reporta Prensa Latina.

Recuerda el documento que el pasado 21 de junio la Cámara de Diputados de Paraguay resolvió iniciar la parodia de un juicio político contra el presidente Lugo imputándole cinco cargos inconsistentes, precisa el comunicado de los juristas americanos, que los enumera.

Primero, puntualiza, una autorización dada por Lugo, en 2009, hace tres años, a organizaciones juveniles para realizar un acto público dentro de un edificio militar.

Segundo, haber permitido la violación del derecho de propiedad y el odio entre clases sociales" por la invasión de tierras en la localidad de Ñacunday.

Tercero, incompetencia, durante el desalojo de la finca Morumbi, propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado, Blas Riquelme, en Curuguaty, que provocó la muerte de 11 campesinos y seis policías durante el desalojo de un centenar de campesinos.

Desde hacía tres semanas los campesinos paraguayos ocupaban la finca para protestar por el incumplimiento de la prometida reforma agraria, y es público y notorio que el Presidente había pedido una investigación internacional para esclarecer los hechos.

En cuarto lugar, acusaron al mandatario destituido de no utilizar adecuadamente a las Fuerzas Armadas, ante invasiones de tierras y operaciones de seguridad llevadas a cabo en los departamentos de San Pedro y Concepción contra el insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Finalmente, le acusaron por la firma del Protocolo de Usuhaia II, que autoriza a los estados miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) a bloquear a los países en donde se registren amenazas contra el orden democrático, al considerar que "constituye un atentado contra la soberanía de Paraguay".