CARACAS, 17 junio.— La firma de 54 instrumentos legales para impulsar el desarrollo económico y el bienestar social es el resultado de la Ley Habilitante, una potestad otorgada al presidente venezolano, Hugo Chávez, que vence hoy aquí.

En diciembre de 2010, el Parlamento de la nación suramericana aprobó ese poder especial para que el mandatario contara con mayor capacidad de acción, en principio, ante las lluvias de finales de ese año e inicios del siguiente, una de las peores emergencias climáticas.

Por esa vía, el Jefe de Estado sancionó normativas como la Ley de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un programa que construyó desde abril de 2011 más de 200 mil casas y pretende eliminar en los próximos seis años el déficit habitacional de este país.

Además, figura la legislación sobre la Misión en Amor Mayor y la de Hijos de Venezuela, que busca combatir la pobreza extrema mediante asignaciones económicas a adultos mayores en tal situación y a familias con ingresos inferiores al salario mínimo, respectivamente.

El Ejecutivo también echó a andar la Ley para la Superintendencia de Costos y Precios Justos, destinada a regular el costo de los productos y arrancar de raíz las causas de la inflación, considerada una de las mayores preocupaciones de los venezolanos.

La Habilitante permitió, asimismo, la promulgación el 30 de abril último, de una nueva normativa laboral, que -a juicio de políticos y trabajadores- devuelve los derechos arrebatados a esa clase por administraciones precedentes.

En coincidencia con el fin del período hábil para la rúbrica de ese tipo de textos, el gobernante sancionó el viernes pasado un total de 11 normativas, entre ellas, una que convierte en Ley la Gran Misión Saber y Trabajo.

Ese proyecto busca disminuir el desempleo, el subempleo e impulsar la economía, mediante la creación de puestos de trabajo en sectores productivos del país y el giro hacia un modelo que sustituya el de la renta petrolera.

Con ese último grupo de instrumentos, caen por tierra las matrices de opinión de la derecha venezolana, que decían que esta facultad dada al mandatario serviría para asumir medidas dictatoriales y perpetuarse en el poder, sostuvo el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua.

Estas leyes son para el pueblo, la vida y el desarrollo productivo de la nación , subrayó.

Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar y apenas 24 horas más tarde la llamada Mesa de la Unidad Democrática, cuyo candidato Henrique Capriles es aventajado ampliamente por Chávez en las encuestas, emitió un comunicado que arremete contra esos nuevos instrumentos.

Para la organización política, la Ley de la gestión comunitaria, de servicios y competencia, por ejemplo, quiere a todas luces profundizar la arremetida contra el sistema constitucional que organiza al país en Estados y Municipios.

Sin embargo, Jaua había destacado el mismo viernes que esa legislación da respuesta al artículo 184 de la propia Carta Magna, que instruye a gobernaciones y alcaldías la transferencia a las comunidades y grupos vecinales organizados, de los servicios que estos gestionen.