Un cambio en la agenda del gobierno tecnócrata del primer ministro, Mario Monti, exigieron este sábado más de 100 mil sindicalistas italianos durante una protesta contra el plan del ejecutivo para reducir la deuda pública, destacó Prensa latina.

Convocada por las tres principales centrales sindicales de la península sureuropea, la manifestación que congestionó el centro de Roma fue la respuesta inmediata al nuevo ajuste de cinturón presentado por el gobernante.

El plan Monti no da respuesta sobre la creación de empleo y desarrollo, y el gobierno debe llevar al país por el camino del crecimiento a través del dialogo, afirmó Susana Camusso, secretaria general del más importante agrupación obrera, la CGIL (de izquierda).

Sin el cambio no vemos una salida para la nación, advirtió, y deploró la actuación del ejecutivo, basado en muchos anuncios, pero no en cosas concretas para mejorar la situación nacional, según opinó.

La líder sindical consideró que Europa se está convirtiendo en la excusa para no responder a los asuntos del trabajo.

Se puede hacer otra política y no necesitamos el permiso europeo para ello, exclamó enfática en la plaza Popolo, donde convergieron los manifestantes tras recorrer céntricas calles bajo la consigna el valor del trabajo.

Por su parte, el líder de la UIL, Luigi Angeletti, insistió en que el crecimiento no se logra con la reducción de los salarios y el aumento de los impuestos.

Denominado decreto salva-Italia por Monti, el plan de ajuste presentado recientemente prevé recortar 30 mil millones de euros del gasto público e invertir solo 10 mil para incentivar el crecimiento de la tercera economía de los 27.

Implica ese programa, asimismo, la reinstauración del impuesto sobre la vivienda que había anulado Berlusconi e incrementar la edad de jubilación hasta 66 años para los hombres y 62 para las mujeres.

Como parte de los recortes, se añaden dos puntos al impuesto sobre el valor añadido (IVA), cifra que ahora aumenta hasta el 23 por ciento, y el pago en efectivo se reduce a mil euros con el objetivo de impedir la evasión fiscal.