BOGOTÁ, 14 junio.— La plenaria del Senado colombiano aprobó hoy
en último debate un marco jurídico para la paz en el país, el cual
según sus promotores dota al Ejecutivo de las herramientas
necesarias para adelantar diálogos con la insurgencia.
Tras superar ocho debates e igual número de votaciones, ahora la
norma pasará a control de la Corte Constitucional, para
posteriormente ser sancionada por el presidente Juan Manuel Santos.
El proyecto establece que se dé un tratamiento diferenciado para
los distintos grupos guerrilleros que hayan sido parte en el
conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en
relación con su participación en el mismo.
Igualmente la ley deberá establecer instrumentos de justicia
transicional de carácter judicial o extra-judicial que permitan
garantizar la investigación y sanción de los crímenes considerados
de lesa humanidad.
Asimismo la norma abre la puerta para que los futuros
desmovilizados de los grupos guerrilleros conformen partidos
políticos o pertenezcan a alguna colectividad, pero sin que sus
máximos jefes puedan ser elegidos a cargos públicos.
Para el autor del proyecto, el senador Roy Barreras, la
iniciativa es un instrumento que autorizará al presidente para que
si las condiciones del país mejoran pueda plantear la posibilidad de
una desmovilización masiva y total de los grupos armados para
alcanzar la paz.
No es un instrumento de impunidad, no le rebaja un día de cárcel
a nadie, ni le regala beneficios a nadie ( ) hoy desafortunadamente
no hay condiciones para la paz, hoy lo que todos los colombianos
sabemos es que se necesita mano dura del Estado , apuntó.
A su vez, se excluyen de los beneficios jurídicos del proyecto a
los miembros de las bandas criminales, servidores públicos
diferentes a los agentes del Estado y narcotraficantes.
No hay que tenerle miedo a la paz, sino a la guerra, expresó
Barrera al final del debate y la aprobación de la iniciativa.
En tanto, los detalles de quiénes exactamente serán beneficiados
con la enmienda, cuáles delitos estarán excluidos y cuál será la
rebaja de pena o suspensión de las sanciones serán objeto de otra
ley, cuyo texto deberá presentar el gobierno.